La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que acuerda indagar en torno a "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".
En un auto notificado este miércoles a las partes personadas, la juez Mercedes Alaya da traslado a los peritos de la Intervención General del estado de una serie de documentos aportados a la causa por el abogado de un exalto cargo "a fin de que informen" sobre "qué pudo hacer" dicha Comisión "para poner de manifiesto el uso por la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación a IFA/IDEA para el pago de subvenciones sociolaborales". Los fondos del 'caso de los ERE' irregulares.
En este sentido, la magistrada reclama a la Junta que aporte, en un plazo no superior a cinco días, los diarios de sesiones del Parlamento de la sesión plenaria en la que se aprueben los presupuestos anuales entre 2001 y 2010, y los diarios de sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda en este mismo marco temporal.
Asimismo, reclama la "acreditación" de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública "haya remitido al Parlamento, con la periodicidad trimestral que exigen las distintas leyes de presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31.L de la Consejería de Empleo, desde el año 2000 hasta la actualidad".
Esta resolución se produce a petición del abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un responsable de la agencia andaluza Idea -su exdirector general, Jacinto Cañete- imputado en el caso, quien había alegado que los 17 parlamentarios de la Comisión de Economía tenían "un profundo conocimiento del proyecto de Ley de presupuestos" y poseían "un altísimo nivel técnico". Este mismo letrado es que el que solicitó igualmente que se investigara el conocimiento que la Cámara de Cuentas pudiera haber tenido del uso ilícito de fondos públicos, para lo cual la juez ha pedido ya en dos autor que peritos de la Intervención General del Estado investiguen el papel de la Cámara.
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Alaya investiga si la Cámara de Cuentas permitió mantener las irregularidades de los ERE