La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares pagados por la Junta de Andalucía, ha abierto una nueva línea de investigación para "determinar la intervención que pudiera haber tenido" la Cámara de Cuentas de Andalucía "en el mantenimiento a lo largo del tiempo de los hechos objeto de las presentes actuaciones".
Para ello requiere a la Intervención General de la Junta, a través de su gabinete jurídico, para que en un plazo no superior a cinco días aporte los mismos documentos que entregó a la Cámara de Cuentas para que esta elaborara la Cuenta General de IFA/Idea y de la consejería de Empleo desde 2000 a 2010. "Todo ello referido al programa 31.L", del que salían los fondos para las ayudas sociolaborales. Esos fondos se transferían de forma ilegal desde Empleo al Ifa (hoy Idea), que era quien abonaba los ERE, para evitar así su fiscalización.
Además, la juez pide a la consejería de Hacienda que remita los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31.L -que su gestor entre 2001 y 2008, el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, denomino fondo de reptiles- que se remitieron desde la consejería de Empleo a la Cámara de Cuentas.
Alaya también requiere a la Cámara de Cuentas que "con la misma urgencia y en igual plazo" de cinco días aporte los documentos y anexos que recibió de la Intervención General de la Junta en ese periodo de tiempo sobre la cuenta general. Y los expedientes de modificaciones presupuestarias de la consejería de Empleo que recibió relativos al programa 31.L.
La juez resalta en el auto "la importancia de la documentación requerida y de la línea de investigación abierta". El pasado 19 de diciembre, Alaya ya ordenó a los peritos de la Intervención General del Estado que investigaran y analizaran el papel de la Cámara de Cuentas en relación con el programa 31.L. Ahora da un paso más solicitando todos esos documentos a la administración andaluza y a la propia Cámara.
El origen de esta línea de investigación está en un escrito presentado por la defensa de quien fuera director general de Idea entre 2008 y 2009, Jacinto Cañete, en el que defendía su actuación y recordaba que ni la Cuenta General que elaboraba anualmente la Cámara de Cuentas ni la Intervención General de la Junta mostraron nunca reparos sobre la legalidad en el uso del dinero de la partida 31.L
Informe polémico
La ratificación del informe pericial de la Intervención General del Estado, que estaba señalado para el 25 de febrero, se deja sin efecto y se fija para el 1 de abril para que se añada el nuevo informe sobre la investigación ordenada hoy. Este ente estatal entregó en diciembre su informe, encargado por la juez, sobre el caso ERE. En él denunció tanto la inacción de la consejería de Hacienda durante la década investigada, así como la de la propia Intervención General de la Junta. También considera nulos todos los ERE aprobados bajo ese sistema por haber prescindido "total y absolutamente del procedimiento legal establecido".
La Cámara de Cuentas ya estuvo en el centro de la polémica cuando en 2012 elaboró su propio informe especial de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales y a empresas gestionadas por la Junta entre 2000 y 2010. Pese a las contundentes conclusiones sobre el incumplimiento sistemático de la legalidad en la gestión de los 700 millones con los que se dotó esa partida 31.L en esa década, el documento definitivo dejaba exento de responsabilidad a la consejería de Hacienda, a diferencia de lo que luego dijo la Intervención General del Estado en el citado documento.
Y ello pese a que en los borradores iniciales con los que se preparó ese informe final, sí se recogía la hipótesis de que el consejero de Economía -Magdalena Álvarez, hasta 2004, y José Antonio Griñán, hasta 2009- conocía el uso arbitrario de los fondos ya que era quien aprobaba las modificaciones presupuestarias para dotar de más fondos a esa partida 31.L.
La juez ya pidió en septiembre del pasado año a la Cámara copia de todos los documentos, tanto los borradores y trabajos de campo como el informe definitivo, que utilizó para elaborar ese informe de fiscalización.
La juez Alaya investiga al vicepresidente Valderas en los ERE
