Sevilla
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la toma en consideración de las dos proposiciones de ley para mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), presentadas por los grupos Popular y Ciudadanos y Popular y Vox, respectivamente. La suma de estos tres grupos ha propiciado que continúe el debate de esta iniciativa legal que este miércoles ha afrontado su primer trámite en el Pleno de la Cámara. A la suma de los votos de los grupos proponentes se ha añadido la abstención de los 33 parlamentarios del Grupo Socialista, de manera que la iniciativa solo ha cosechado los 17 votos contrarios de los parlamentarios del Grupo Unidas Podemos y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.
La posición socialista era la única que se desconocía hasta el momento de la votación, en una iniciativa que ya tenía garantizada la mayoría parlamentaria con el apoyo de PP, Cs y Vox y que ha recibido el rechazo del Gobierno central con una dura carta de la ministra Teresa Ribera al presidente Juanma Moreno en la que le advierte de perjuicios ambientales y del desprestigio internacional que puede causar a España.
El portavoz socialista, Mario Jiménez, cargó fuerte contra el Gobierno andaluz al que acusó de "engaño masivo a los agricultores", pues a su juicio no se van a poder legallizar "ni 90 hectáreas" de riego. Pese a sus duras críticas, no votó en contra. En la tribuna de invitados estaban representantes de organizaciones agrarias y de regantes.
Único expediente
Según ha recordado la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, estas dos proposiciones se tramitarán a partir de este momento como un único expediente, con el que se pretende modificar el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío de la corona norte de Doñana, y la Ley Forestal de Andalucía.
La tramitación parlamentaria seguirá la vía de urgencia con la que entró en el Parlamento y, aunque los partidos del Gobierno están abiertos a ampliar plazos, iría a su debate final en este periodo de sesiones.
Los tres partidos que han presentado la iniciativa -con la fórmula del dos más dos por las diferencias entre Cs y Vox- han defendido que no afectará al Parque Nacional de Doñana, que no se amplían regadíos y que solo se trata de dar solución a un problema enquistado durante años para los agricultores del Condado de Huelva ampliando los terrenos que se consideran agrícolas y regables, sin que se les otorgue por ello ningún derecho de agua.
Obras pendientes
Los proponentes coinciden en que la pelota queda en el tejado de la Confederación Hidrográfica y el Gobierno central, que deben construir ahora infraestructuras hidráulicas previstas en la zona desde hace años y que no se acometen, lo que permitiría regar con aguas superficiales y recuperar los acuíferos.
La organización ambiental WWF señaló antes del debate que lo aprobado por el Parlamento podría afectar a 1.903,7 hectáreas, en lo que entiende como la ampliación de las zonas de regadíos del Condado de Huelva y una amnistía para explotaciones ilegales que "están secando" los acuíferos que mantienen vivo el Parque Nacional de Doñana, según denuncian las ONG conservacionistas, que apuntan además a un "un grave desprestigio" ante el mercado europeo que ya ha puesto la lupa sobre Doñana y la fresa de Huelva.
En este sentido, la organización recordó que la Comisión Europea ha advertido a España de que podría acudir por segunda vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar multas económicas si prosperan las proposiciones de ley presentadas para regularizar estos regadíos.
Este Tribunal sentenció el pasado junio que España ha incumplido la Directiva Marco del Agua en dos aspectos relativos a las extracciones de agua subterránea para cultivos de frutos rojos en Doñana, indicando que, por un lado, no ha tenido en cuenta las obtenidas de forma ilegal y las destinadas al abastecimiento urbano, y por otra que no ha adoptado medidas para evitar las alteraciones de hábitats protegidos provocadas por esa obtención ilegal del agua.