Las siete fábricas andaluzas tienen capacidad para reutilizar hasta 800.000 toneladas de residuos urbanos que acaban en vertederos y generan problemas medioambientales
El 74,9 por ciento de los residuos sólidos urbanos de Andalucía terminan actualmente en vertederos, cifra muy superior a la media española (57,2 por ciento) y a la europea (24,4 por ciento), y especialmente alejada de algunos países como Bélgica, Alemania, Holanda o Dinamarca, donde no llegan al 2 por ciento.
Esos vertederos generan numerosos impactos negativos para el medio ambiente y para los propios vecinos, desde la generación de gases con efecto invernadero (CH4 y CO2) y destructores de la capa de ozono, a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y otros impactos como el ruido por trasiego de camiones, la presencia de fauna transmisora de enfermedades, la dispersión de los residuos y polvo, el peligro de explosión por biogás y residuos inflamables, los olores, el impacto visual, etc.
Frente a esto, la industria cementera lleva años reclamando su espacio para contribuir a acabar con esta situación mediante la denominada valorización de los residuos. Se trata de una técnica que permite usar esos vertidos como energía para las fábricas mediante su tratamiento en el horno de clínker -material con el que se hace el cemento- a unos 1.800 grados centígrados.
Ese dato es fundamental para diferenciarlo de una planta incineradora de residuos, donde la temperatura es muy inferior -en torno a 850 grados- y donde sí se producen residuos y gases. Es precisamente ese desconocimiento el que ha provocado en ocasiones el temor de los ayuntamientos andaluces a que las fábricas cementeras andaluzas lleven a cabo la valorización de sus residuos urbanos, que permite a estas empresas un importante ahorro de costes y solucionan a la vez los numerosos problemas que originan los vertederos.
En Andalucía existen siete factorías que dan empleo directo a 650 personas, aunque entre el indirecto y el inducido supera con creces los 4.000 puestos de trabajo. Las fábricas se encuentran situadas en Niebla (Huelva), Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Jerez de la Frontera (Cádiz), Málaga, Córdoba, Carboneras y Gádor (Almería). Estas plantas son propiedad de las principales empresas del sector: Cementos Cosmos (Grupo Votorantim); Portland Valderrivas; FYM-Heidelberg Cement Group; y Cemex y Lafarge Holcim.
El pasado mes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, respaldó con su presencia la firma de la patronal del sector, la Asociación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), con los sindicatos UGT y CCOO del VI Acuerdo para la Valorización Energética y la Sostenibilidad de la Industria Andaluza del Cemento.
. Actualmente, el 22,9 por ciento de la energía que utilizan las siete fábricas de cemento existentes en Andalucía ya procede de RSU, frente al 55 por ciento de media de la UE -Países Bajos, Alemania o Francia alcanzan niveles entre el 65 y el 80 por ciento-. En total, son 126.752 toneladas los residuos valorizados al año en Andalucía, pero los representantes de este sector se muestran convencidos de que esa cifra se podría elevar hasta las 800.000 toneladas, según datos de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), cuyo director gerente es Manuel Parejo.
Con ese apoyo de la nueva Junta de Andalucía, el principal escollo que se siguen encontrando las cementeras es el recelo de algunas autoridades municipales. Un buen ejemplo se produce en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde el Ayuntamiento llegó a realizar una modificación puntual del planeamiento urbano para exigir una "distancia mínima" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable", lo que en la práctica impedía la iniciativa de la empresa para que dicha planta incinere derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible. Esa decisión fue recurrida por las cementeras y la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo deTSJA les dio la razón el pasado 15 de abril y declaró nulo el acuerdo plenario adoptado el 7 de octubre de 2016 por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Posteriormente, AlwadiIra/Ecologistas en Acción presentó el 5 de junio un recurso de casación ante el Tribunal Supremo pero este mismo mes los responsables de esta alta institución han decidido no admitir a trámite esa petición, por lo que se mantiene la nulidad de la decisión del ayuntamiento alcalareño y la planta de cemento podrá mantener su actividad de valorización de residuos.
