El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado que exista "indicio alguno de mínima consistencia" para atribuir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la filtración de fotografías personales halladas en dispositivos electrónicos del exministro José Luis Ábalos.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Servimedia, el instructor señala que varios investigados en el procedimiento "han resuelto, en el libérrimo ejercicio de sus facultades, conceder de manera recurrente entrevistas a distintos medios de comunicación" e incluso han reconocido facilitar documentación.
El magistrado responde así a la petición de Ábalos de investigar la publicación en el diario 'The Objective' de informaciones sobre "decenas de carpetas con fotografías de mujeres" supuestamente halladas en sus dispositivos, que según el exministro "nada tienen que ver" con la investigación.
El juez Puente recuerda que "no puede ignorarse" la existencia de posibles copias del material intervenido, ya que el propio Ábalos reconoció que el disco duro que intentó ocultar durante el registro "no era sustancialmente sino copia de otro" que se encontraba en su domicilio.
Múltiples vías de filtración
El instructor destaca que se desconoce "cuántas copias de los referidos documentos o archivos pudieran existir y en poder de quién", mencionando que otro investigado disponía en su domicilio de documentación perteneciente a Ábalos, "tal y como este último ha afirmado".
La defensa del exministro había solicitado identificar a los agentes que analizan el material informático incautado, al considerar que las filtraciones buscan "desdorar" su imagen y vulneran su derecho a la intimidad y el de "las distintas personas que aparecen fotografiadas".
Los abogados de Ábalos también pidieron el "expurgo" de toda documentación ajena a la investigación y que se adoptaran "medidas precisas" para evitar "linchamientos mediáticos" de los investigados en esta causa especial que instruye el Alto Tribunal.
Respuesta judicial
El magistrado señala que si Ábalos lo considera oportuno, puede presentar "la correspondiente denuncia" o ejercer acciones legales contra el medio que publicó la información, aunque precisa que ese asunto no sería competencia suya como instructor.
Puente aclara que ninguna de las informaciones o archivos mencionados "se han incluido en ninguno de los informes presentados en esta causa especial por la Policía judicial", ni se alude a "hechos ajenos al objeto de este procedimiento".
Análisis pendiente
El instructor reconoce que llegará un momento para "expurgar" el material no relacionado con la investigación, pero explica que primero debe analizarse "el completo contenido de la ingente información" de los soportes digitales intervenidos.
La providencia judicial señala que ese expurgo posterior se realizará "en términos razonables y con intervención de las partes" una vez se haya podido examinar toda la documentación incautada en los registros.
Los representantes legales del exministro habían denunciado la publicación entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre de varias noticias con supuesta información privada procedente de "fuentes de la investigación".