Barcelona
La oleada de incendios del verano ha puesto sobre la mesa el precario estatus de los servicios públicos de emergencias. No solo de los bomberos y agentes forestales, sino también de los trabajadores encargados de Protección Civil. En Cataluña, el Govern del PSC tiene un mandato parlamentario para mejorar la situación de estos efectivos. El instrumento elegido, impulsado por los propios técnicos, es la conversión de la Dirección General de Protección Civil en un cuerpo propio. Distintas fuentes consultadas por elEconomista.es señalan que este proyecto se halla en una fase avanzada de desarrollo. Todo parece indicar que el gobierno autonómico podría materializar esta medida a lo largo de otoño, según las mismas fuentes. En respuesta a este medio, desde el Departamento de Interior no se adelanta un calendario concreto, pero se reafirma que la previsión es llevar a cabo esta iniciativa.
No se trata de un cambio cosmético. La elevación de Protección Civil a cuerpo propio igualaría su rango al de los Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y Agents Rurals. Al mismo tiempo, permitiría profesionalizar un colectivo visto con envidia por otros servicios homólogos del resto de España. Prueba de ello es el uso de tecnología pionera para proteger a la ciudadanía, como el envío de alertas a los móviles a través del sistema satelital Galileo.
Sin carrera interna
Sin embargo, la ausencia de mecanismos de promoción interna desaprovecha este liderazgo. Como resultado, muchos trabajadores buscan oportunidades fuera del servicio. El principal problema es la imposibilidad de conservar el puesto a largo plazo. Una vez se termina un contrato, resulta complicado prorrogarlo o firmar otro nuevo.
Pese a la alta titulación de muchos profesionales –solo para convertirse en técnicos de guardia ya deben completar un curso de 300 horas–, la falta de vías para retener el talento descapitaliza la gestión de emergencias. Además, se suma que las oposiciones generales de la Generalitat carecen de una prueba para especialistas en emergencias. Aunque se apruebe el examen, no hay garantías de recalar en Protección Civil.
El pasado enero, los técnicos de Protección Civil ya denunciaron que solo un 10% de la plantilla del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) tiene plaza fija. Es decir, el 90% son interinos. De no revertirse esta situación, alertaron de que en 2026 la sala que gestiona las emergencias en toda la comunidad podría quedarse sin personal de guardia.
Por otro lado, las condiciones específicas del servicio precisan una adaptación del régimen convencional de los funcionarios. Por poner un ejemplo, los trabajadores del CECAT realizan turnos de doce horas consecutivas y guardias nocturnas de forma rotatoria.
La creación de un cuerpo propio ayudaría a regular estos aspectos, a la vez que permitiría crear un sistema estandarizado de formación adaptado a la especificidad del servicio.
De acuerdo con Interior, la Dirección General de Protección Civil cuenta hoy con unos 165 efectivos, sumando tanto personal laboral como funcionarios, interinos o con plaza. Esta cifra muestra un "crecimiento relevante" respecto a ejercicios anteriores. Su blindaje orgánico cuenta con el apoyo de PSC, ERC, comunes, Junts, PP, Aliança Catalana y CUP, que a principios de año secundaron una moción parlamentaria instando al Govern a crear un cuerpo propio. Bastaría con modificar mínimamente la ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña.
20 millones para municipios
Esta no es la única medida que el Govern tiene en mente para robustecer su servicio de Protección Civil. Tras las inundaciones de la DANA de 2024 que azotaron la Comunidad Valenciana, el ejecutivo catalán anunció una batería de propuestas recogidas en la Estrategia de Desarrollo de la Protección Civil de Cataluña 2025-2027. Entre otras, comunicó que invertiría 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos a elaborar sus propios planes de protección civil para que ofrezcan mejor respuesta a las situaciones de catástrofe o calamidad públicas.
La iniciativa aún no se ha puesto en marcha y, previsiblemente, dependerá de la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026, actualmente en negociación entre los socialistas y sus socios de investidura, ERC y comunes.
Por otro lado, el próximo viernes 29 y sábado 30, los consellers se reunirán en Arnes (Tarragona) para fijar las líneas estratégicas del curso político y evaluar el trabajo llevado a cabo este año. Entre otros asuntos, abordarán los retos de la prevención forestal tras los virulentos incendios de este verano.