El fraude eléctrico continúa al alza en Sevilla, donde Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado más de 6.600 manipulaciones ilegales de instalaciones eléctricas entre enero y junio de este año. Esta cifra supone una media de más de 36 fraudes al día y un volumen de electricidad sustraída superior a los 39 millones de kilovatios hora (kWh), según ha informado la compañía. Se trata de un fenómeno de creciente impacto económico, legal y de seguridad, que afecta al conjunto de los consumidores y tensiona la red eléctrica andaluza.
La manipulación de las instalaciones para conectarse ilegalmente a la red no solo incrementa el coste del suministro, que termina trasladándose a la factura del conjunto de los usuarios, sino que además genera graves riesgos de electrocución, incendios y cortes en el servicio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado en varias ocasiones del incremento de este tipo de fraudes, que califican como un problema estructural en determinadas zonas.
Las plantaciones indoor, detrás del fraude
Buena parte de estos casos están directamente relacionados con el cultivo intensivo e ilegal de marihuana en viviendas, edificios y locales reconvertidos en plantaciones "indoor". Estas operaciones, cada vez más sofisticadas, requieren conexiones ilegales de gran potencia a la red eléctrica para alimentar lámparas, ventiladores, sistemas de climatización y riego durante las 24 horas del día. Según datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025, España concentra el 73% de las incautaciones de marihuana registradas en toda la UE, una buena parte procedentes de este tipo de instalaciones.
Cada una de estas plantaciones demanda una potencia similar a la que necesitarían unas 80 viviendas de tamaño medio, generando una sobrecarga en la red que afecta directamente a la calidad del suministro y puede llegar a provocar cortes de luz o daños materiales en infraestructuras vecinas. Solo en el primer semestre del año, las Fuerzas de Seguridad han desmantelado 106 plantaciones indoor en Sevilla, lo que equivale a una media de cuatro operaciones por semana.
IA y colaboración policial
Ante esta situación, Endesa ha intensificado su colaboración con las Fuerzas de Seguridad, en virtud de un acuerdo firmado recientemente con la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional. Este convenio refuerza la cooperación en tareas de prevención, detección e investigación de delitos que afectan a servicios esenciales como la producción, distribución y suministro de energía.
Paralelamente, la compañía también está impulsando una estrategia tecnológica basada en el uso de inteligencia artificial para detectar patrones anómalos de consumo en los más de 12 millones de puntos de suministro que gestiona. Desde 2017, Endesa aplica modelos de machine learning y deep learning que, combinados con datos meteorológicos, técnicos y operativos, permiten predecir con mayor precisión la probabilidad de que un suministro esté siendo manipulado.
Además, se están desplegando equipos de supervisión avanzada en la red de distribución, lo que permite acotar de forma más eficiente el área afectada por un posible fraude. Herramientas como las pinzas amperimétricas o los videoscopios facilitan posteriormente el trabajo de los técnicos sobre el terreno, para verificar las conexiones ilegales y proceder a su desconexión.
Un marco legal sin penas de cárcel
A diferencia de otros países del entorno, como Francia, Italia, Portugal o Alemania, el Código Penal español no contempla penas de privación de libertad por delitos de fraude eléctrico. Tampoco se aplican agravantes ni se computa la reincidencia, con independencia del impacto que estas actividades puedan tener sobre la red, la seguridad de las personas o su vinculación con delitos mayores como el narcotráfico.
Desde el sector eléctrico, y también desde diversas instancias judiciales, se viene reclamando una actualización normativa que permita sancionar con mayor contundencia estos fraudes, especialmente cuando se vinculan a actividades de alto riesgo o a redes criminales organizadas.
Un coste para todos
El impacto económico del fraude eléctrico se traslada directamente a la factura de los consumidores, ya que estas pérdidas son repercutidas como parte del coste regulado del sistema. A esto se suma la tensión operativa que genera en la red, dificultando la calidad del suministro en zonas residenciales y afectando a usuarios legales que sufren caídas de tensión o apagones derivados de conexiones ilegales cercanas.
Endesa recuerda que el fraude no es un delito sin víctimas: "Los perjuicios derivados del fraude afectan a toda la sociedad. Se traduce en más coste, más inseguridad, menor calidad del suministro y más dificultades para garantizar una red eficiente, moderna y sostenible", explican desde la compañía.