Galicia
Víctimas del descarrilamiento del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 mantienen su reclamación de que el Estado español haga una investigación independiente que se plasme en un nuevo informe que sustituya al elaborado por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), que culpa únicamente al maquinista.
Con esta demanda pendiente en vía judicial, en este momento en Estrasburgo, las víctimas se reunieron este miércoles en un acto de carácter privado e íntimo para recordar a los fallecidos, y este jueves convocaron a los medios de comunicación frente a la estación de ferrocarril de Santiago, para leer un comunicado y ofrecer declaraciones.
Será, eso sí, el primer año, transcurridos doce desde la tragedia, sin manifestación reivindicativa por las calles compostelanas y sin acto de homenaje en la curva de A Grandeira. Hace ahora un año fue publicada la sentencia de la jueza que condena al ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y al maquinista Francisco Garzón, tras una larga instrucción con varios cierres y reaperturas.
El juicio para determinar responsabilidades penales por el siniestro ferroviario que acabó con 80 vidas y dejó a más de un centenar de heridos comenzó en octubre de 2022, duró 10 meses, y no fue hasta el 26 de julio de 2024, habiendo pasado ya 11 años de la tragedia, cuando hubo un fallo judicial.
El fallo considera culpables de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave al ex director de seguridad de Adif (la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que administra la infraestructura ferroviaria y debía encargarse de velar por la seguridad en la vía) y al maquinista de Renfe.
Los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña no tienen plazo para resolver sobre los 108 recursos interpuestos contra la sentencia y algunas partes personadas en el caso cuentan con que el fallo no llegue hasta 2026. La decisión de las víctimas de no marchar tras una pancarta y llevar hasta la Catedral de Santiago sus reivindicaciones -siempre pidieron responsabilidades políticas y penales- se deriva de la última asamblea convocada por la plataforma, el pasado 23 de julio, esto es: tres días antes de conocerse la sentencia.
Extrasburgo
Las víctimas todavía están pendientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que será el que someta a examen la demanda con la que la plataforma sigue reclamando que el Estado español haga una investigación independiente sobre el siniestro. En este procedimiento, los afectados combaten la versión de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), que se define como independiente y está adscrita al ministerio, y que en su día realizó un informe que determina que únicamente hubo responsabilidad por parte del maquinista, debido al exceso de velocidad.
La propia CIAF, que rechaza repetir esa investigación, incorporó a ese documento toda una serie de recomendaciones para incrementar las medidas de seguridad en la red ferroviaria, con la vista puesta en que no se volviera a repetir algo igual. Por eso, para exigir una nueva investigación e "independiente", la plataforma interpuso una demanda por lo contencioso que es la que llegó a Europa.
En un escrito del pasado 5 de febrero, la secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos informó a la asociación de víctimas que "el caso será sometido a examen tan pronto como sea posible" y que "en el momento oportuno" informará "de las decisiones adoptadas". El tribunal también apuntó que tiene la intención de "agilizar al máximo el proceso de examen de las demandas" y que podrá solicitar información a lo largo del procedimiento.
Un tribunal que, según subrayaron las víctimas en un comunicado, "admite menos del 5% de las demandas presentadas", según datos que cita del Consejo General de la Abogacía Española. La denuncia, en concreto, fue interpuesta en julio de 2021 ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), frente al Gobierno y al comité que investigó la tragedia.
Agotadas todas las vías que el derecho interno español ofrece (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), la plataforma acudió al Tribunal Europeo, que deberá pronunciarse sobre la vulneración del derecho a un proceso equitativo y verificar si el Estado español respetó y tuteló los derechos de las víctimas y sus familiares.