El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a través de su Comisión de Igualdad y su Subcomisión de Violencia, manifestó su oposición a la concentración de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer prevista en la Ley Orgánica 1/2025 por los perjuicios que esta reorganización judicial causaría a las víctimas.
Según informó este jueves el CGAE, en las enmiendas presentadas a la Ley de Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal ha solicitado suprimir el artículo que permite extender la jurisdicción de los tribunales de instancia a varios partidos judiciales de la misma provincia.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de esta organización de abogados, Marga Cerro, advirtió que "esta reforma podría abrir la puerta a la centralización del conocimiento de asuntos de violencia contra la mujer a los Tribunales de Instancia de las capitales de provincia, o incluso de otras provincias limítrofes".
"Las víctimas se verían obligadas a desplazarse muchos kilómetros en momentos de especial vulnerabilidad", manifestó Cerro, quien señaló que esta medida tendría efectos especialmente negativos para los partidos judiciales pequeños o despoblados.
PRINCIPIOS ESENCIALES EN RIESGO
El presidente de la Subcomisión de Violencia, Fernando Rodríguez Santocildes, fue contundente al afirmar que "esta medida no solo es ineficaz, sino profundamente injusta. El derecho a una asistencia cercana y especializada no es negociable".
La institución recordó que en las XII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género celebradas en Toledo ya se alertó del riesgo de distanciamiento entre la justicia y las víctimas que supondría esta reforma.
La Abogacía insistió en que cualquier modificación de la planta judicial debe priorizar la accesibilidad real, la igualdad territorial y la protección efectiva de las víctimas.
RECHAZO GENERALIZADO
El Colegio de la Abogacía de León expresó su "rotundo rechazo" a la ampliación de la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de León a los partidos de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún.
Los Colegios de Abogados de Oviedo y A Coruña también mostraron su oposición a medidas similares en sus territorios, llegando este último a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
El Consell de l'Advocacia Catalana se sumó igualmente al rechazo generalizado contra esta reforma que, según los expertos, atenta contra los principios de inmediación y proximidad en los procesos judiciales de violencia de género.
La medida prevista para finales de año centralizaría los procedimientos en las capitales provinciales, lo que dificultaría la unidad de defensa letrada y afectaría negativamente a los profesionales del turno de oficio de partidos judiciales más pequeños.
La Abogacía mantiene que esta reorganización judicial va en contra de los intereses de las víctimas y compromete seriamente su acceso a la justicia, especialmente en zonas rurales y menos pobladas.