Valladolid
La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley contra la Violencia de Género, una normativa que, como ha explicado la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas, amplía la protección para llegar a más víctimas con la inclusión de nuevas formas de violencia como la vicaria, la digital o la reproductiva.
Blanco Llamas ha detallado las líneas básicas de esta normativa "pionera" que sustituirá, si supera el trámite parlamentario, a la actual Ley que data de 2010 y cuyo objetivo es "proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, a su familias y a su entorno", que podrán así acceder a los servicios asistenciales de la Administración autonómica.
En la rueda de prensa posterior al que ha sido el primer Consejo de Gobierno del año la consejera ha insistido en que el texto normativo presentado este jueves ha nacido del acuerdo surgido en el marco del Diálogo Social, cuyos agentes económicos y sociales participaron en su elaboración, al igual que más de 78 organizaciones y más de 100 profesionales han hecho aportaciones durante el proceso.
Se trata de una Ley "flexible" que incorpora nuevos tipos de violencia y da pie a introducir los que puedan surgir en un futuro. Así, ha subrayado que incorpora la violencia vicaria, la digital, la tecnológica o la de segundo orden, es decir, aquella que se ejerce contra las personas que apoyan a las víctimas.
"Se trata de una ley moderna con el objetivo principal proteger, ayudar, prevenir y sensibilizar", ha defendido Blanco Llamas, quien ha argumentado que para la aprobación del texto se ha esperado a contar con toda la normativa marco tanto estatal como europea para evitar modificaciones posteriores.
El ámbito de aplicación de la norma se extiende y, con ello, se amplía la protección a más personas. Así cita expresamente a niñas y adolescentes en situación de violencia de género, pero también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive que convivan con ella. Bajo el paraguas de esta ley figuran también las mujeres castellanas y leonesas retornadas que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país.
El anteproyecto tipifica nuevas formas de violencia de género y actualiza otras para adecuarlas a la realidad social. Dentro del primer bloque, cabe destacar la 'violencia digital', es decir, la que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales, donde se enmarcan actitudes como el ciberacoso, las ciberamenazas, la ciberdifamación, la pornografía no consentida, los insultos y el acoso por motivos de género, la extorsión sexual, el control o espionaje a través del móvil y cualquier herramienta digital (redes sociales, webs, foros, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea…), la difusión de datos personales o documentos íntimos en la red, la coacción para obligar a la víctima a facilitar claves personales, la usurpación de su identidad en línea y las amenazas de violación y de muerte.
Violencia vicaria
Otra de las modalidades introducidas en el texto legislativo es la 'violencia vicaria', que comprende la que se ejerce sobre los hijos y familiares o allegados a la mujer, sean menores o mayores de edad, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con la finalidad de causarles perjuicio o daño.
La tercera tipología nueva es la llamada 'violencia de segundo orden', que incluye los actos de violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y persecuciones ejercidas sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas.
Además, se prevé como un tipo de violencia diferenciada del tráfico y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la propia explotación sexual de mujeres y niñas para la obtención de beneficios de cualquier tipo mediante la utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de actividades con fines sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico.
Incorpora el concepto de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye las actuaciones como la mutilación genital, el matrimonio forzoso, la esterilización forzada y el aborto forzoso que restrinjan el libre ejercicio de estos derechos.
El anteproyecto legislativo incide en la prevención y en la detección precoz como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género, uno de los compromisos del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.
A tal efecto, la ley determina que la Junta de Castilla y León aprobará, cada cuatro años, un plan integral de sensibilización y prevención que abordará, entre otros aspectos, un estudio diagnóstico de la situación, la identificación y recopilación de las buenas prácticas y experiencias en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, acciones para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y la modificación de patrones sexistas, la prevención de todas las formas de violencia y desigualdades de género y la elaboración, implantación y actualización de protocolos de actuación en diversos campos.
Por último, la futura Ley, buscará reforzar la atención integral a las víctimas mediante la creación de centros de crisis para la atención inmediata, tanto presenciales como virtuales, a través de recursos como el centro telefónico 'Atiendo'. Estos centros se complementan con una red de apoyo especializada, que incluye servicios para mujeres con discapacidad, adicciones o enfermedades mentales, así como programas de atención psicológica para hombres que ejercen violencia, con el objetivo de prevenir la reincidencia. A través de estas medidas, la Junta de Castilla y León busca garantizar que todas las víctimas tengan acceso en igualdad a una red de recursos y apoyo, en colaboración con el Gobierno central y los organismos locales.
La consejera se ha mostrado confiada en que el proyecto de Ley consiga el apoyo suficiente en las Cortes regionales para su aprobación definitiva.
