En los últimos meses hemos podido leer noticias sobre algunos políticos, que no podían ser juzgados por el tribunal ordinario sino que debían ser juzgados por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia, ya que son "aforados" por sus cargos, sin embargo, no todo el mundo sabe qué significa realmente esa palabra ni qué implicaciones tiene en la justicia.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a día de hoy hay unos 250.000 aforados en España, sin embargo, esta condición no solo corresponde a diputados y senadores, sino que se extiende a diversas figuras, tal y como contempla el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal Europeo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos delegados", indica el artículo.
Esto implica que los aforados no pueden ser juzgados por tribunales ordinarios, sino por tribunales superiores o especiales. Es decir, no serán juzgados en tribunales "normales", sino ante el Tribunal Supremo (en el caso de los aforados nacionales) o frente al Tribunal Superior de Justicia (en el caso de los aforados autonómicos).
Qué implica esto
Hablando claro, los aforamientos tienen puntos positivos y negativos. Respecto a los puntos positivos, evita las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad y protege al acusado de querellas infundadas con razón de su postura política.
Sin embargo, al cambiar los procedimientos y al tratarse de tribunales diferentes, se pueden ver muy retrasados los procesos, dilatándose bastante en el tiempo y beneficiando a aquellos políticos aforados que sí han cometido un delito que debería ser juzgado.
Paralelamente, cabe destacar además que según el artículo 71 de la Constitución Española, "los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones".
"Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva", indica el artículo, lo que también puede suponer un beneficio legal para algunos de ellos.