El Gobierno cree que no tendrá que pagar los más de de seis millones de euros del contrato de munición suscrito con una empresa israelí para la compra de 15 millones de balas que fue rescindido unilateralmente este jueves.
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press, se explora una vía jurídica consistente en no conceder el permiso de importación a la empresa israelí alegando razones "de interés general". Estas fuentes insisten en que el Gobierno goza de argumentos jurídicos y que, en todo caso, si tuviesen que pagar una penalización sería de un importe netamente menor.
En lo que se refiere al importe de esta posible indemnización, el Gobierno no descarta que pueda darse ese escenario pero que, en ese caso, ascendería "cómo máximo" a unos 200.000 euros.
Así, la Junta de inversión de material de doble uso, el organismo encargado de conceder la autorización para que el material de Defensa entre en territorio nacional, no concederá la autorización y será la empresa israelí la que incumpla el contrato al no poder entregar la munición en España.
En el comunicado del Gobierno con el que se informó de la rescisión del contrato el Ejecutivo quiso dejar claro que tanto la Abogacía del Estado como los ministerios competentes se encontraban estudiando "posibles reacciones legales y reclamaciones".
No se ejecutarán contratos pendientes
En la misma línea, las fuentes consultadas por Europa Press reiteran que "no se llevará a cabo" ninguno de los contratos "de armamento" con Israel, después de que este mismo viernes el Centre Delàs publicase un informe en el que señala que el Gobierno ha adjudicado 46 contratos a empresas de armas israelíes entre el 7 de octubre de 2023 y 2025.
Estos contratos tienen un valor total de más de 1.000 millones de euros y hay una decena que todavía no han sido formalizados. Esos son los que, según el Gobierno, no se van a ejecutar.