La Fiscalía ha solicitado la aplicación de la Ley de Amnistía para los casi 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont que fueron procesados por la organización del referéndum ilegal del 1-O, además de para el exconseller de Exteriores Raül Romeva, después de casi un año de bloqueo debido una discusión sobre competencias judiciales.
Tal y como recoge EFE, el Ministerio Público entiende que estos procesados deben ser amnistiados porque, "se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas" de los impulsores de la ley, los acusados solo ciñeron sus actuaciones a la financiación y organización del referéndum, aspectos incluidos en la amnistía.
La Fiscalía deja al margen de la amnistía a dos personas: los exsecretarios generales del Diplocat Roser Clavell y Albert Royo, dado que cree que los gastos realizados por ambos para ese consorcio público privado dedicado a proyectar la imagen de Cataluña en el mundo no estaban vinculados con el 'procés'.
En su escrito, el fiscal pide a la Audiencia de Barcelona que amnistíe también el delito de malversación -que se suma a los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum- porque, de lo contrario, se dejaría "vacío de contenido" lo dispuesto en la ley. En la práctica, la Fiscalía se desmarca del criterio del Supremo, que se ha negado a aplicar la amnistía por ese delito, afectando a personajes relevantes del 'procés' como Carles Puigdemont.
Más de una treintena del 'sottogoverno' de Puigdemont
Por la logística del referéndum el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó a una treintena de miembros del 'sottogoverno' de Carles Puigdemont, entre ellos los exdirectores de la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio, Núria Llorach, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal.
A ellos se añadieron posteriormente los investigados en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona por los gastos del 'procés' en el exterior, entre los que figuraba Romeva.
En su escrito para amnistiar al 'sottogoverno' de Puigdemont la Fiscalía concluye que los ex altos cargos procesados "dirigieron, promovieron y participaron activamente" en la ejecución de una "estrategia" dirigida a la celebración del referéndum, "cada uno de ellos dentro de su nivel de responsabilidad", pese a que había sido suspendido por el Constitucional.
En concreto, detalla que el Govern siguió la estrategia de "diluir la responsabilidad individual", mediante la colaboración de varios departamentos de la Generalitat, "para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado".
Los actos amnistiables
Entre los actos que la Fiscalía atribuye a los procesados, y que considera amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el aplicativo de registros de catalanes en el exterior, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.
Otras de las actividades atribuidas a los procesados y que también deben quedar amnistiadas, según la Fiscalía, son el proceso de nombramiento y comunicación formal de los miembros de las mesas electorales del 1-O, que varias consellerias encargaron a la empresa Unipost, y la elaboración del censo electoral mediante todos los registros públicos de propiedad de la Generalitat.
En este procedimiento estuvieron investigados también los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, exaltos cargos de la conselleria de Vicepresidencia y Economía liderada por Oriol Junqueras, aunque su caso, al igual que el de la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga, quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estar aforados.
Con los tres procesados pendientes de juicio, el TSJC paralizó en julio del pasado año la aplicación de la amnistía a Jové y Salvadó y elevó la ley al Constitucional y a la justicia europea al cuestionar que el delito de malversación deba ser perdonado.