La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo la imputación de Alvise Pérez por un presunto delito de financiación ilegal. El organismo público considera, tras la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que existen indicios de delito contra el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta al cobrar presuntamente 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', para financiar la campaña electoral de las elecciones al parlamento europeo.
La Audiencia Nacional acordó de hecho la apertura de diligencias el pasado mes de octubre contra la trama Madeira Club Investment, la red que precisamente posibilitó el dinero al eurodiputado, después de que se presentaran tres denuncias por una presunta estafa piramidal. En su exposición razonada, Calama explicó que, dada la condición de eurodiputado de 'Alvise', el Supremo era el tribunal competente para investigar si hubo delito de financiación ilegal por parte del líder de Se Acabó La Fiesta.
El magistrado instó además al Supremo a asumir las pesquisas contra Romillo, ante la "íntima conexión" que apreciaba en la presunta dinámica entre ambos, llegando a indicar que sus conductas eran "la cara y cruz de una misma moneda", algo que la Fiscalía también apoya. El ministerio público de hecho entiende que Alvise ha de ser llamado a declarar por "sendos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral", pese a que solicita también el interrogatorio al empresario que le facilitó el dinero en efectivo.
La Fiscalía pide igualmente analizar en profundidad las cuentas del eurodiputado y de su partido político, así como el "tráfico de las wallets creadas" para la financiación de la campaña electoral y los "justificantes de los pagos efectuados" a fin de probar si hubo la comisión del delito de financiación ilegal. En cualquier caso, el aforado, tal y como adelantó este periódico, recurrirá a un antiguo escrito del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para demostrar que no había delito en la causa por la que se le investiga.
Estas diligencias se enmarcan dentro de una línea de investigación separada en la que el magistrado indaga en el presunto pago de 100.000 euros en metálico de Romillo para la financiación de Se Acabó la Fiesta. En la pieza principal, el juez Calama investiga la presunta estafa piramidal perpetrada por Madeira Invest Club (MIC), un entramado del que Romillo habría sido máximo responsable.
