
La nueva ley de protección de menores en entornos digitales que ha aprobado el Gobierno incluirá la obligación de que los nuevos dispositivos digitales que se fabriquen incluyan un control parental por defecto y de carácter gratuito, el cual será activado en el momento de la configuración del aparato con el fin de limitar el acceso de menores a contenidos, servicios o aplicaciones inadecuadas, según recoge EFE.
Este control parental deberá incluir en el etiquetado los peligros y riesgos de un uso inadecuado de estos productos y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral de las personas menores de edad. El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha incidido en que de no cumplir con esta obligación habrá "sanciones" ha recalcado que "se acabaron los sistemas de control parental que no controlan nada, deben ser efectivos".
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho hincapié en una herramienta eficaz de verificación de la edad que será pública y gratuita y que supone un "límite nítido para acceder a los contenidos". Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia, promotor del nuevo proyecto de ley junto con el Ministerio de Justicia, y en el que han participado los ministerios de Presidencia, Educación, Transformación Digital y Derechos Sociales, señala que las empresas fabricantes de dispositivos digitales deben "asumir sus responsabilidades y realizar un análisis riguroso del impacto de sus productos sobre la infancia y la adolescencia".
Actuaciones ante problemas de salud derivados
"Un internet donde impera la desregulación y la ley de la selva es un problema para el conjunto de la sociedad, y en particular para la infancia y la adolescencia, perjudica el desarrollo libre y sano de sus derechos, sus libertades, sus vidas", señalan fuentes del ministerio que ven esta normativa "pionera", ya que "consagra el derecho de la infancia y la adolescencia a disfrutar de un entorno digital seguro".
Este proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales debe iniciar ahora su tramitación parlamentaria. Además, desde el ámbito sanitario, está previsto incluir actuaciones para identificar usos problemáticos que deriven en ciertas conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional.
En entornos escolares, está prevista la regulación del uso didáctico y bajo supervisión del profesorado de este tipo de dispositivos en todos los ciclos de enseñanza no universitaria, teniendo en cuenta la edad del alumnado y las competencias digitales que deben alcanzar. El uso de dispositivos en los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Postobligatoria y Educación Especial se regulará por parte de los propios centros, de acuerdo con las disposiciones que al efecto hayan aprobado las administraciones educativas, según fuentes del Gobierno.
Esta ley ha sido elaborada por un comité de 50 expertos, que han diferenciado entre los dispositivos de uso privado del alumnado y los de los propios centros.
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