
Junts ganó las últimas elecciones municipales en Barcelona con Xavier Trias como cabeza de cartel. Lo que ocurrió después es conocido. A mitad del mandato de Jaume Collboni, el presidente y concejal del grupo municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí, atiende a elEconomista.es para valorar el rumbo político de la capital bajo un alcalde al que tilda de "conformista". El partido defiende sus propuestas en vivienda, más allá de flexibilizar el 30% de VPO, y plantea rebajas fiscales moderadas en IBI e IAE.
¿Junts llegará a algún acuerdo con el PSC en Barcelona este 2025?
Junts es la oposición al gobierno Collboni. Somos una oposición con modelos de gestión y prioridades políticas diferentes. Es verdad que en su momento intentamos un diálogo para aproximar posiciones, porque la ciudad lo necesitaba, pero ya es un capítulo superado. La falta de interés de Collboni para llegar a acuerdos de ciudad nos ha posicionado claramente como alternativa. Eso no quita que como fuerza con vocación de gobierno tengamos una posición central que nos permite abrir canales de diálogo.
Desde el mundo empresarial se desearía una sociovergencia en el ayuntamiento.
En su momento, no es ningún secreto, hubo un interés de según qué círculos económicos de la ciudad en que hubiera acuerdos entre las dos formaciones más centrales. Eso no pudo ser y, por tanto, no insistiremos. Es verdad que hay problemas reales que no están siendo abordados convenientemente por el gobierno y que el gobierno puede llegar a mostrar interés en que haya acuerdos a distintas bandas. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo.
El gobierno municipal no tiene ahora mismo mayoría para sacar adelante ninguna iniciativa.
Es un gobierno muy poco ambicioso y muy conformista. Collboni ha visto que con 10 concejales puede ir tirando, cosa que es técnicamente cierta, a costa de que la ciudad quede parada en muchos aspectos. Prefiere gobernar con tranquilidad porque no hay 21 concejales que puedan hacer una moción de censura. Ahora se han prorrogado los presupuestos y nos cuentan que no pasa nada. Pero cuando prorrogas un presupuesto renuncias a muchos grandes proyectos. Hay muchas entidades privadas que quieren sacar adelante proyectos de forma corresponsable, pero un presupuesto prorrogado se lo impide.
¿Cuál es la posición de Junts sobre las últimas subidas locales de impuestos al turismo?
El turismo es y debe continuar siendo uno de los grandes motores económicos de la ciudad. Hablamos de transformar los modelos económicos y de abrir escenarios en que haya nuevos sectores emergentes. Pero mientras esto no sea posible, lo que debemos hacer es gestionar bien el turismo. No puede ser que estemos como ahora. Esta congestión turística la vemos después de diez años de gobiernos de Colau y Collboni que decían que venían a terminar con estos problemas.

Si hay congestión, ¿restringir los pisos turísticos es adecuado?
Es verdad que se han de regular los apartamentos turísticos y los hoteles, pero debemos tener una oferta variada porque Barcelona quiere seguir siendo una capital mundial. Hace cuatro días tuvimos el ISE y el Mobile. Tendremos muchas ferias internacionales que exigen que la ciudad tenga una oferta suficiente y equilibrada.
A finales del año pasado, el PSC pactó con los comunes eliminar dos terminales de cruceros a cambio de aprobar las ordenanzas fiscales. ¿Cuántas terminales necesita la ciudad?
Como punto de partida tenemos el acuerdo firmado en 2018 entre Colau y el Port de Barcelona. En este acuerdo ya se establece la reducción progresiva de la oferta de terminales y, lo más importante y que compartimos, que se alejen de la ciudad. Pero el Ayuntamiento de Barcelona no manda sobre esto. A veces parece que el alcalde pueda hacer y deshacer lo que quiera en el puerto. Lo que debe hacerse es negociar con el Port y los operadores. Porque los operadores están de acuerdo en evitar la concentración de cruceros en unas fechas y terminales determinadas. Y están dispuestos a colaborar usando nuevas tecnologías, que a veces el ayuntamiento se niega a incorporar.
Los problemas de acceso a la vivienda preocupan mucho a la ciudadanía. ¿Cuáles son sus propuestas?
La vivienda ya se ha convertido en el primer problema de la ciudadanía. Esto nos obliga a dar respuestas a corto, medio y largo plazo. Estamos a favor de potenciar la vivienda de protección oficial, no solamente la social para personas muy vulnerables, sino también para personas que tienen su sueldo, pero no llegan a los umbrales de las ayudas públicas. Hemos presentado iniciativas para que haya porcentajes de las promociones de VPO reservadas para gente joven, familias numerosas y familias vulnerables.
Sigue pendiente la flexibilización de la reserva del 30% de VPO.
Lo primero que debemos hacer es criticar a Collboni porque lleva casi dos años con el 30% empantanado sobre su mesa. Hace más de un año defendimos en el plenario nuestras propuestas sobre la flexibilización del 30% para que sea un 30% real. Ahora es un 0%. Pero con el 30% no solucionaremos el problema. Con hacer posible 300, 400 o 500 viviendas nuevas cada año fruto de la aplicación del 30% no tenemos suficiente. Hemos propuesto seis medidas urgentes como incrementar las ayudas al alquiler y la compra y exigir la cesión de los activos de la Sareb en Barcelona. También debemos evitar que el ayuntamiento malgaste su dinero en operaciones como la de Casa Orsola.
Algunos promotores proponen que se deje construir hasta el 100% y luego se compense económicamente al ayuntamiento
Se llama monetarización, es una posibilidad. Se pone este dinero en un fondo que puede ser gestionado por una entidad pública municipal o una entidad mixta, de la cual somos más favorables, para destinar estos recursos a hacer promociones allí donde corresponda. También hemos propuesto sacar las rehabilitaciones del 30%. No solo es importante hacer obra nueva, sino también rehabilitar el parque que tenemos en la ciudad, que es de los más envejecidos de Europa. Estamos a favor del 30%, pero también de diversas medidas, tanto monetarias como urbanísticas, para que los promotores tengan más facilidades.

¿Hay margen para bajar impuestos en Barcelona?
Nos presentamos a las elecciones de 2023 comprometiéndonos con la contención fiscal como principio rector. Eso pasa por reducir alguna figura impositiva e incorporar nuevas bonificaciones. Somos la segunda ciudad del Estado con más presión fiscal después de Madrid. El teniente de alcalde de Economía hizo público que hubo 45,2 millones de superávit fiscal del ejercicio de 2024. Con estas cifras podemos ampliar las bonificaciones a familias vulnerables y numerosas y seguir cuadrando el presupuesto. Hemos pedido la rebaja de un 4% del IBI y también que se baje un punto el IAE. Pedimos contención fiscal de manera controlada. Nosotros no practicamos demagogia fiscal.
Han hecho un mapa del incivismo en Barcelona. ¿Tan grave es la situación?
Tenemos un problema de inseguridad y de incivismo. Son dos problemas diferentes, pero ambos forman parte del mismo mundo, que es este mundo en que demasiados vecinos de Barcelona están preocupados y disconformes. Desde que en 2016 se hizo la ordenanza municipal, todos los barómetros indican que la inseguridad es el primer problema para el 29% de barceloneses. Es una cifra récord. No es que lo diga Junts, lo dicen los barceloneses. Y la convivencia, que en muchos casos no es correcta, es un hecho objetivo porque lo dicen las encuestas y porque el gobierno está trabajando un proyecto de reforma.
En su momento también dijeron que podrían negociarla o darle apoyo.
Sí, tienen mucho interés en que esta ordenanza se apruebe. Y como saben que con sus socios preferentes es posible que fracasen de nuevo, tienen interés en que Junts les resuelva la papeleta. Nosotros estamos en línea de reformar la ordenanza vigente porque está desfasada, primero, y segundo porque socialistas y comunes no la han aplicado correctamente. Por tanto, hay que endurecer sanciones y ser mucho más exigente con las malas prácticas que se han enquistado.
En Europa se suele hablar de no-go zones donde no entra la policía. ¿Hay zonas así en Barcelona?
Debemos ser rigurosos y equilibrados. Yo no hablaría de no-go zones, como pasa en otros lugares, pero sí que hay sitios donde no es recomendable ir.
Esto es grave.
Es grave porque hay zonas de Barcelona donde la inseguridad se incrementa, sobre todo la dureza de la inseguridad debido al uso de armas cada vez más peligrosas. No solo es una sensación de inseguridad, sino que además hay un peligro real en algunos barrios o en parte de algunos barrios. No podemos estigmatizar barrios ni colectivos. Pero tenemos una franja Besòs, por decirlo sin concretar, donde suceden cosas graves. No solo de inseguridad y falta de convivencia, sino también de falta de calidad de vida de mucha gente. Hay sitios como el Raval donde es muy complicado ir a según qué horas. Tenemos índices de inseguridad por parte de los vecinos de Ciutat Vella superiores al 40%. Eso es incompatible con la vida diaria.
Ponga alguna solución sobre la mesa.
Pues hacer muchas cosas que durante 10 años no se han hecho. Hemos defendido un plan de choque integral en el Raval y también un plan de choque en la Franja Besòs, concretamente en el barrio de Besòs-Maresme. Lo hemos trabajado con los vecinos, con las entidades y hemos presentado iniciativas que se han aprobado.