A la espera de la sanción interpuesta por el ministerio de Defensa debido al retraso en las entregas del 8X8, Santa Bárbara se enfrenta al departamento dirigido por Margarita Robles en los tribunales por otra penalización millonaria. En este caso, la sanción responde a las demoras en las entregas de los vehículos zapadores Castor, incluidos en el programa Pizarro II.
La filial de la estadounidense General Dynamics, según las últimas cuentas anuales disponibles en el Registro Mercantil, solicitó en 2023 una modificación del contrato para prorrogar los plazos de entrega de los vehículos porque el suministrador de las transmisiones no estaba cumpliendo con los plazos acordados. El ministerio acordó el aplazamiento, pero interpuso multas de entre 3 y 4 millones de euros.
La compañía, que ha declinado hacer ningún comentario al respecto, manifestó entonces su oposición ante la sanción interpuesta y tras la desestimación de dos recursos presentados en otras instancias, lo ha elevado ante la Audiencia Nacional. Pese a que las entregas de estos tanques finalizaron en febrero de este mismo año, la compañía explica que a cierre de las cuentas de 2023 aún estaba a la espera de que los tribunales se pronunciaran sobre la sanción interpuesta. En cualquier caso y, de acuerdo a lo expuesto por la Administración, Santa Bárbara tendrá derecho a repercutir el importe al proveedor causante del retraso.
El programa Pizarro, que nació con el objetivo de modernizar las capacidades de las fuerzas armadas y que estaba dividido en dos fases, incluía la producción de 83 vehículos de combate, 36 vehículos de zapadores Castor y el apoyo logístico correspondiente. En la primera fase, la filial de la estadounidense General Dynamics entregó en 2003 144 vehículos de combate de infantería. Y, en la segunda, tras 14 años, el Ejército de Tierra completó la recepción del resto de tanques hasta alcanzar los 261 de la flota total actual. Tiempos de ejecución que, en cualquier caso, pone de manifiesto la complejidad del programa.
La sanción de los 8X8
En paralelo, la compañía está aún pendiente de la sanción de 9,2 millones de euros que el ministerio de Defensa impuso al consorcio Tess Defence –formado por Indra, Escribano, Santa Bárbara y Sapa– por la demora en las entregas de los blindados 8X8. Esta sanción, de hecho, ha desatado una batalla interna entre los socios al acusarse mutuamente de la responsabilidad en la demora.
Y es que, mientras que Santa Bárbara era partidaria de recurrir inicialmente la multa, el resto se opuso de forma tajante para evitar un enfrentamiento con el Gobierno. Hay que tener en cuenta que Indra está participada por la Sepi, y que Escribano y Sapa participan a su vez en el capital de Indra. La filial de General Dynamics sí que intentó frenar la sanción en los tribunales, pero ante la falta de apoyo del resto de los socios, acabó por desistir.
El enfrentamiento, en cualquier caso, se ha agravado ahora ante el retraso de más de un año y medio en las entregas del megacontrato –que supuso un desembolso de 2.400 millones de euros– y un supuesto grave defecto en la construcción de los blindados. Según adelantó Moncloa.com, los blindados no cuentan con los sistemas de protección activa APS(Active Protection System) que, entre otras cosas, funcionan para aumentar la protección de los soldados.
