Cruce de acusaciones entre la CHT y la Junta de Extremadura por la rotura de la balsa de Jarandilla de la Vera: "Está en situación irregular"

Empieza el baile de acusaciones sobre la responsabilidad de lo sucedido con la balsa de riego de Jarandilla de la Vera, cuya rotura provocó este lunes la inundación de parte de la localidad. Si ese mismo día, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, señaló que las revisiones corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y la última se realizó en 2022 pese a los más de 1.000 parches que presenta, este miércoles el organismo ha echado balones fuera al afirmar que la titularidad de la balsa es de la Junta y que se encuentra en situación "irregular" porque su construcción no fue autorizada.

Según explica la Confederación Hidrográfica del Tajo en un comunicado, la balsa de riego la Maricana fue construida a principios de los años 90 y la Junta de Extremadura fue su promotor. En consecuencia, dicha administración ostenta la titularidad de la infraestructura situada en la provincia de Cáceres.

La CHT continúa su escrito asegurando que la balsa está ubicada sobre los terrenos por los que discurría en su momento el arroyo de la Maricana, que fue soterrado bajo la balsa en el momento de la construcción, lo que provocó su desaparición en este tramo. Al respecto, la Confederación señala que estas obras se ejecutaron sin su autorización, como organismo competente en la gestión del dominio público hidráulico, conforme a lo establecido en la normativa de aguas, por lo que la balsa se encuentra en "situación irregular".

De acuerdo con lo establecido por los artículos 366 y 367 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), el titular de la infraestructura es el responsable de su seguridad, para lo que estará sujeto a las correspondientes Normas Técnicas de Seguridad.

La CHT recuerda que el artículo 362.2 incluye la obligación de realizar las correspondientes revisiones de seguridad; así como disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de lo establecido en estos documentos y otras obligaciones en materia de seguridad. No obstante, la última revisión realizada por la Junta de Extremadura fue en 2004, tal y como adelantó el propio Abel Bautista en su intervención del pasado lunes.

Al estar ubicada la balsa en terrenos pertenecientes al dominio público hidráulico, la Administración General del Estado ostenta competencias, en materia de seguridad, pero "exclusivamente" respecto a lo previsto por el mencionado artículo 362.2, prosigue el escrito. Varias de estas potestades las ejerce de forma directa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Dirección General del Agua (DGA).

La Confederación expone que, a modo de ejemplo, depende del MITECO la aprobación de la propuesta de clasificación; las normas de explotación; el plan de emergencia; las revisiones de seguridad e incluso el nombramiento del director explotación. "El papel de la Confederación respecto a estas cuestiones se materializa en la revisión previa de los documentos mencionados", agrega.

Una balsa con riesgo elevado

A este respecto, la balsa fue clasificada en la categoría A, presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes, por resolución de 21 de abril de 2008 de la Dirección General del Agua, siendo sus principales afecciones la carretera EX-119 y las viviendas existentes aguas abajo.

Con fecha 10 de diciembre de 2018, la Dirección General del Agua autorizó la designación de Esteban Delgado Nieto como Ingeniero Director de Explotación de la balsa de La Maricana, en respuesta a la solicitud realizada por el titular. Sin embargo, desde la jubilación del técnico en 2022, "no consta que el titular haya propuesto el nombramiento de un nuevo director de explotación".

En este sentido, el organismo destaca que, a fecha de hoy, la infraestructura no dispone tampoco de Normas de Explotación, ni de Plan de Emergencia aprobados. El 4 de abril de 2018 entraron en la CHT las Normas de Explotación de la balsa de La Maricana. Según la Confederación, el documento fue revisado y con fecha 27 de febrero de 2019 se le requirió al titular la subsanación de las deficiencias identificadas. "Este requerimiento está pendiente de respuesta hasta la fecha", indica.

El 23 de marzo de 2012, la CHT requirió a la Junta de Extremadura que presentase el preceptivo Plan de Emergencia. Dicho requerimiento se reiteró el 27 de mayo de 2013 y el 15 de noviembre de 2017. No fue hasta el 4 de abril de 2018, cuando tuvo entrada en la CHT el Plan de Emergencia de la balsa de La Maricana. El documento fue revisado y el 24 de mayo de 2018 se le requirió al titular la subsanación de las deficiencias identificadas y todavía se encuentra pendiente de una respuesta. "En el acta levantada con motivo de la visita realizada por la CHT, con fecha 28 de septiembre de 2022, se hizo constar ambos hechos", aclara.

La última revisión de la Junta fue en 2004

Según se recoge en las Normas Técnicas de Seguridad de Presas, aprobadas mediante Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, los titulares de las infraestructuras clasificadas en la categoría A, como es el caso de la balsa de la Maricana, deben emitir un informe de comportamiento con periodicidad anual, y realizar revisiones generales de la seguridad con periodicidad quinquenal. Así, la CHT puntualiza que la última revisión de seguridad de la que se tiene constancia data del año 2004 y fue realizada por la UTE Aristos-EGZ-IBERHIDRA, por encargo de la Junta de Extremadura.

Asimismo, la Confederación recuerda que los titulares de las presas con revisión de seguridad realizada tienen un plazo de 5 años para evaluar su adecuación al Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses (NTS). Este plazo finaliza en abril 2026, remarca.

El 28 de septiembre de 2022 la CHT realizó una visita de inspección a la balsa de La Maricana que, "en ningún caso, puede ser considerada una revisión de la seguridad de la infraestructura", recalca el comunicado. En primer lugar, explica la CHT, "dicho cometido le corresponde exclusivamente al titular", según las normas técnicas de seguridad vigentes, siendo la función de la Confederación Hidrográfica del Tajo la de "supervisión y validación de los informes de seguridad presentados por los titulares" con el objeto de trasladarlos a la DGA para su aprobación.

En segundo lugar, "por el propio alcance de los trabajos que se enmarcan en un contexto ordinario de visitas de campo para recopilación de información general de la infraestructura y realización de una inspección visual", no contemplándose la elaboración de estudios específicos de detalle relacionados con la seguridad de la infraestructura, continúa la CHT en su explicación.

La Confederación zanja el comunicado insistiendo en que, de acuerdo con las vigentes Normas Técnicas de Seguridad, el titular de una infraestructura es el "responsable exclusivo de realizar, periódicamente, las correspondientes revisiones de seguridad".

La Junta señala a la CHT

Por su parte, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, explicó el pasado lunes que la presa fue construida en el año 94 y revisada en 2012, momento en el que se repararon una serie de parches y se revisaron los más de 1.000 parches que tiene la misma. Además, también apuntó que en septiembre del 2022 fue revisada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Bautista apuntó que la presa es titularidad de Junta de Extremadura, aunque en el catastro la titularidad es de la Comunidad de Regantes, porque es quien tiene el uso. Sin embargo, aclaró que la seguridad y las revisiones corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

"Son ellos los que tendrán que decir si es la revisión del año 2022 en septiembre estuvo toda correcta, aparentemente sí sobre los documentos que tenemos, y hay afectados que preguntan por qué no se ha hecho en el 23, 24 y 25 la siguiente revisión. No tenemos tampoco información en este sentido y quiero imaginar que la revisión del año 2022 en septiembre es conforme a normativa y conforme a protocolo. No tengo otra información para poder decir lo contrario", reseñó.

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