El Tribunal de Cuentas (TCU) ha propuesto sancionar a Junts per Catalunya al detectar irregularidades en sus gastos electorales correspondientes a las elecciones municipales de 2023. Según el informe de fiscalización aprobado por el pleno, la formación se habría saltado la Ley Órgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al no justificar algunos gastos y sobrepasar además el limite establecido. El Tribunal ha identificado, en concreto, contratos del partido con terceros de los que no ha informado y pagos a proveedores fuera del plazo regulado. Algo que, a juicio del organismo, es sancionable con una reducción del 10% de la subvención electoral que recibió la formación.
De acuerdo al informe, Junts per Catalunya ha superado el límite de gastos con un exceso del 23%, casi 315.000 euros. Esto, según explica el Tribunal, "constituye una irregularidad sancionable" al vulnerar lo que estipula ley sobre la financiación de los partidos políticos. La formación, no obstante, se ha opuesto a la sanción tipificada, alegando en primer lugar, justificándose en primer lugar por la concurrencia de las municipales con las elecciones generales y, en segundo, porque, según dice, hubo otras formaciones que hicieron lo mismo en otros periodos electorales anteriores y no fueron sancionadas.
Argumentos que, en cualquier caso, no han sido tenidas en cuenta por el organismo. "Este Tribunal considera que ninguno de los motivos alegados le exime del cumplimiento de la fecha límite de pago prevista en el art. 125.3 de la LOREG y, por ende, de la propuesta de reducción de la subvención establecida en la Instrucción aprobada por el Pleno para su aplicación a este proceso electoral", explica el organismo fiscalizador.
Junts, por el contario, según ha asegurado a este periódico, espera que las alegaciones "sean tomadas en consideración", pese a que "es conocedora que de oficio tendrá que renunciar al 10% de la subvención estatal por no haber podido cumplir con los términos de pago a proveedores debido al retraso en el pago por parte del Gobierno". La formación explica también que "es una formación de nueva creación que no disponía de la tesorería suficiente" y que en el informe del pasado noviembre del mismo Tribunal "recibió un excelente en transparencia de sus cuentas y portales informativos".
La fiscalización del PSOE
El TCU también ha detectado anomalías en los gastos electorales del PSOE. Según el informe, la formación ha declarado casi medio millón de euros en gastos, "cuyos conceptos" no pueden considerarse como desembolsos electorales, según recoge la normativa. El Tribunal alerta, además, de que estos gastos han sido declarados "incorrectamente" y tenidos en cuenta en las elecciones municipales del pasado mes mayo, cuando "corresponden a otros procesos electorales". El informe advierte de que hay unos gastos electorales por un importe conjunto de casi 100.000 euros que el PSOE ni siquiera ha declarado en la fiscalización y que figuran gastos de publicidad que tampoco se consideran electorales, pese a las alegaciones que la formación señaló.
El organismo incide en que el partido no ha informado en la fiscalización de un contrato que tiene con un proveedor por prestación de servicios o adquisición de bienes" con una facturación de más de 15.000 euros. Aún así y, a diferencia de lo que ha propuesto respecto a Junts, el Tribunal solo propone la reducción en 1.000 euros de lo que recibe el partido.
Sobre Bildu
Otro d elos puntos clave del informe está en lo que el Tribunal propone respecto a EH Bildu. Según explica, el partido podría no haber cumplido con la ley al incorporar a 23 personas condenadas por terrorismo en sus listas para las elecciones municipales del pasado mes de mayo. En concreto, lo que el organismo reclama es que la formación habría accedido de igual manera a tener subvención electoral, pese a incluir a etarras en su representación, algo que está prohibido por ley.
De hecho, es el el artículo 127.4 el que establece que no se dará subvenciones a formaciones que integren a condenados por terrorismo, salvo que hubieran "rechazado públicamente los fines y los medios utilizados". Por ello, el Tribunal insta al ministerio del Interior y a la Junta Electoral Central (JEC) a una "verificación efectiva" para revisar si procede o no que la formación devuelva el importe percibido.
Otras de las cosas que advierte el informe es que el partido liderado por Arnaldo Otegi habría declarado gastos que no tienen consideración de ser estipulados como "electorales", que habría incurrido en gastos irregulares al no haberlos justificado suficientemente, y que habría realizado pagos fuera del plazo establecido. Esto, a juicio del Tribunal, podría acarrear otra sanción de reducir en un 10% la subvención electoral de la que se beneficia la formación. En cualquier caso, la coalición se gastó en las elecciones municipales de 2023 más de 1,2 millones de euros.
El límite de gastos
Más allá de estas formaciones, el Tribunal ha rechazado unos gastos conjuntos de 3,2 millones de euros delos 60 millones que han declarado los partidos porque o no han sido correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral. Según explica, de las 371 formaciones políticas que se presentaron las elecciones del pasado mes de mayo, 37 habría superado el límite de gastos previsto. Y de ellas, 32 lo habría hecho en más de un 1%. Algo que podría ser sancionable, tal y como recoge la normativa. El Tribunal señala también que el límite de gastos en publicidad exterior y en prensa y radio ha sido superado, en ambos casos, por 6 partidos políticos. Entre los que superaron el límite aparecen Coalición por Melilla, que se pasó por 29.234,14 euros), Compromís Municipal (314.659 euros), y Unión del Pueblo Leonés (46.025,93).
Con todo, y teniendo en cuenta que un 18% de los ingresos de los que disponen los partidos suponen adelantos de subvenciones electorales, el organismo ha formulado 72 propuestas para reducir las subvenciones electorales. Entre los recortes aparecen candidaturas de Ciudadanos (10.844 euros), Más Madrid (19.234 euros) e, Izquierda Unida (5.000 euros). En cualquier caso, también insta a revisar la regulación de las donaciones privadas.
Como resultado de la fiscalización, el Tribunal explica que los ingresos declarados para financiar la campaña electoral han alcanzado los 60 millones de euros, un 44% procedían de las aportaciones de las propias formaciones políticas y un 37% de endeudamiento bancario.
