Zaragoza
Aragón y el Gobierno central quieren alcanzar un acuerdo en la ley aragonesa de energía con el fin de evitar recursos ante el Tribunal Constitucional. Es la voluntad de ambos ejecutivos que se ha puesto de manifiesto en la inauguración del salón SMAGUA en Feria de Zaragoza.
La ley de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial de Aragón, conocida como ley de energía, se aprobó el pasado mes de diciembre en las Cortes de Aragón. Un visto bueno que se produjo después de que el anterior gobierno aragonés regulara esta materia mediante un Decreto-Ley que se recurrió y se anuló, teniendo que realizar una nueva legislación, aunque contenía una buena parte de las medidas del anterior texto normativo.
Y con el fin de evitar más problemas y nuevos recursos por la vía judicial, tanto Aragón como el Gobierno central han mostrado su disposición a colaborar para llegar a un acuerdo en materia al marco legal para lo que se va a activar una comisión bilateral de negociación en torno a 24 preceptos de la ley autonómica de Energía para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado, que conllevaría la suspensión automática de los preceptos impugnados y el comienzo de un proceso judicial que se podría prolongar entre uno y tres años.
Las alegaciones presentadas por el Ministerio se centran sobre todo en los autoconsumos, las mancomunidades de energía o la transposición de directivas europeas que debían haberse incorporado a la legislación española y que todavía no se han traspuesto.
En este marco, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado la activación de esta comisión. "Es una ambición de dialogar, de negociar conjuntamente y ver en aquellos aspectos donde desde la Administración estimamos que hay una invasión de competencias".
Aagesen ha incidido en que el objetivo es llegar a un acuerdo entre la administración central y la autonómica para modificar la norma ya aprobada por el parlamento aragonés. Una voluntad que también expresaba el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien ha incidido en que "la Ley de Energía de Aragón significa competitividad, que podamos seguir atrayendo industrias y seguir desarrollando el sector".
No obstante, Azcón ha añadido que el proceso de negociación se hará con voluntad de llegar a acuerdos, pero "defendiendo las competencias de Aragón" con el fin de garantizar la llegada de nuevas inversiones a la comunidad.
Desde el Gobierno de Aragón, también la vicepresidenta Mar Vaquero se ha pronunciado al respecto en rueda de prensa. La portavoz ha vuelto a poner de manifiesto la voluntad de colaborar con el Ministerio de Política Territorial, tras el análisis del MITECO, a través de esta comisión bilateral de negociación, creada específicamente para este tema y para la que todavía no se ha fijado fecha. Es un mecanismo de negociación que está contemplado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional como instrumento de prevención de conflictos constitucionales.
"Preveíamos que esta ley pudiera tener algún tipo de reparos o que surgieran discrepancias con el Gobierno de España, pero cumplimos el compromiso del Gobierno de Aragón de elevar la ley a las Cortes", ha afirmado Vaquero, quien ha apuntado que el Gobierno de España tiene de plazo hasta el día 30 de septiembre para recurrir ante el Tribunal Constitucional.
La portavoz de Aragón se ha mostrado confiada en que se llevará a cabo este acuerdo con el Gobierno central desde una posición conciliadora y de colaboración institucional y con el fin de promover la modificación de los preceptos que se adapten a una interpretación consensuada y de acuerdo con el texto constitucional.
Vaquero ha explicado que no hay problemas de incompatibilidad entre conjugar el interés del Estado por la unidad del sistema eléctrico y las competencias de Aragón para fomentar la competencia del sector energético en la comunidad.
En pro del consenso, ya se dieron pasos como los anteriores contactos desde el Gobierno de Aragón con la anterior ministra Teresa Ribera para alcanzar un consenso porque "por encima de todo hay un interés estratégico" y la importancia de dar seguridad jurídica a este marco legal de energía.