El Consejo de Ministros de este martes ha acordado la declaración de utilidad pública de los terrenos en los que se asienta El Algarrobico. A este paso seguirá un acuerdo de urgente ocupación para la expropiación y la demolición, tal y como ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha estimado el coste de la demolición en 7 millones de euros.
"El Algarrobico es un símbolo de un urbanismo acelerado y sin condicionantes ambientales, pero también podría ser el símbolo de algo que no acaba de tener solución. Para nosotros es fundamental dar respuesta a la ciudadanía y el Gobierno viene hoy con soluciones", ha señalado Aagesen. Curiosamente y a pesar de que carece de competencias en la materia, fue la ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces (y como tal candidata 'in pectore' a la presidencia de la Junta de Andalucía), María Jesús Montero, la que hizo ayer el anuncio y se marcó un plazo de cinco meses para el derribo.
El edificio está fuera de dominio público, en terrenos privados parcialmente afectados por la servidumbre de protección del litoral. Otra parte está en el Parque Natural Cabo de Gata, y la actuación ahí es competencia de la Junta de Andalucía. En el protocolo de protección de la playa firmado en 2011 entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se acordó que el Estado financiaría la demolición de la edificación y la comunidad autónoma, la gestión de los residuos y la restauración de los terrenos. "El Gobierno se hace responsable de la demolición. Estimamos que el coste puede ascender hasta los 7 millones de euros. Queremos contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve", ha afirmado la vicepresidenta.
Un atajo
Hoy mismo la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha confirmado que nadie informó a la Junta del anuncio realizado a pie de playa por María Jesús Montero. Lo considera "una falta de lealtad" hacia el Ejecutivo andaluz y hacia la propia postura que ha mantenido durante más de una década el propio ejecutivo central, en función del convenio firmado entre ambas administraciones en el año 2011.
Según España, en marzo pasado y en el seno de esa comisión mixta, la directora general del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico coincidió "en la necesidad" de "la nulidad de la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, incidiendo en la necesidad del cumplimiento de las disposiciones judiciales" por parte de dicho consistorio. Es decir, no mencionaba para nada la vía de la expropiación por la que ahora se apuesta.
Sin embargo ayer, en un giro súbito, explican en el Gobierno andaluz, "se cambia al método de la expropiación", una vía que además, según ha advertido la consejera, "ya se intentó hacer hace 20 años", en la etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "se dejó morir en el año 2009", al considerar que "la vía más idónea" para conseguir la demolición del inmueble "era la nulidad de la licencia" por parte del Ayuntamiento de Carboneras.
La consejera portavoz ha insistido en tachar de "vuelta al pasado" la vía de la expropiación, que es "susceptible de recursos" judiciales, por lo que ese proceso se puede "judicializar" y, con ello, "eternizar", ha advertido.
"Ya está bien de tanto marear la perdiz y de cortinas de humo", ha exclamado Carolina España, que ha instado también al Gobierno de Pedro Sánchez a que "deje de enredar", al tiempo que ha aseverado que el hotel del Algarrobico "está ahí por culpa del PSOE, que gobernaba en el Ayuntamiento de Carboneras y en la Junta de Andalucía" cuando se construyó.
Historia de un hotel fantasma
El hotel de la playa del Algarrobico es una construcción 'fantasma' que se mantiene en pie en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el municipio de Carboneras (Almería), durante 20 años en los que se han sucedido los litigios para su demolición o su conservación.
El Parque Natural Cabo de Gata Níjar -sin el paraje del Algarrobico- se constituyó en 1987. Un año después, en 1988, entró en vigor la Ley de Costas, que creó una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar donde no se puede construir. En 1994, la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que estableció que el Algarrobico no era un terreno urbanizable.
En esos años, según recuerda un exhaustivo informe de Datadista incluido en su trabajo Playa Burbuja, tanto el Ayuntamiento de Carboneras como la Junta de Andalucía, gobernadas por el PSOE, ya hicieron lo posible para sacar adelante una construcción en la playa del Algarrobico.
El paso decisivo se dio en 1997, cuando aparecieron en el expediente de esos suelos nuevos planos donde se cambiaba la clasificación del Algarrobico. Planos que no habían sido sometidos a exposición pública. Simplemente aparecieron en el expediente, cambiando la calificación del suelo de no urbanizable y protegido a urbanizable. Así, la Junta aprobó que el suelo del Algarrobico pasase a ser urbanizable en contraposición con lo dispuesto en la Ley 4/89 de Conservación de la Naturaleza.
En 2001, Azata del Sol S.L. adquirió los terrenos a dos empresas, una de ellas participada por la Junta de Andalucía. La nueva propietaria solicitó al Ayuntamiento de Carboneras la licencia de obras para construir un hotel. Se le concedió dos años después, en 2003, exenta además del pago en un 99% gracias a una decisión del Ayuntamiento de Carboneras. La construcción comenzó ese mismo año.
En este proceso, el informe de Datadista destaca el papel que tuvo el alcalde socialista Cristóbal Fernández como defensor e impulsor del proyecto del Algarrobico. Fernández fue condenado después por delito electoral (fraude en el voto por correo) e indultado por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero a la semana de tener que dimitir como regidor.
En 2005, el Ministerio de Medio Ambiente, con Cristina Narbona a la cabeza comenzó los trámites para la expropiación del Algarrobico. En 2006, el juzgado nº2 de Almería decidió la paralización cautelar de las obras del hotel. Igual que ahora, el Consejo de Ministros declaró en 2007 la utilidad pública del paraje del Algarrobico para su incorporación al Dominio Público Marítimo Terrestre. Se planteó incluso una permuta por terrenos en otras zonas para compensar a la promotora. Pero cuando Narbona dejó de estar al frente del ministerio la nueva titular, Elena Espinosa, no continuó esta vía.
El recorrido judicial del Algarrobico continuó en 2008, cuando una sentencia de la Audiencia Nacional confirmó la legalidad de la orden ministerial que fijó una servidumbre de protección de 100 metros en la zona. Además, la Junta aprobó un nuevo PORN donde los terrenos pasaron de ser una 'zona de especial protección no urbanizable' a un 'área degradada' y el juzgado nº2 de Almería dictó una sentencia en la que obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia de obras del hotel para anularla. Esa sentencia es clave, porque desde entonces hasta ahora se había confiado en que era la vía adecuada para derribar el hotel.
El juez llegó a apreciar indicios de delitos de corrupción por prevaricación en torno al proceso administrativo, dedujo testimonio y lo llevó a la Fiscalía, recuerda Datadista. Cuando el Ministerio Público quiso actuar los posibles delitos ya estaban prescritos.
Cuarenta resoluciones judiciales
La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que en los últimos años se han sucedido varias "decenas" de sentencias en contra del hotel. Se estima que unas 40. En 2018, el TS declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido constituían un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016. En 2021, el TSJA se expresó a favor de que Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del hotel.
Ese mismo año, la Junta de Andalucía comenzó a contemplar el derribo del hotel en sus Presupuestos. Todo quedaba pendiente -como sigue hoy- de que el consistorio actué y revise de oficio la licencia de obras. El crédito inicial aprobado para 2021 destinado a la recuperación del paraje natural se reasignó mediante la transferencia de 1.094.875 euros a otros fines.
Sin embargo, el TS dictaminó en 2022 que el hotel almeriense no podía ser demolido por tener licencia de obras, que aún está en vigor pues sigue sin revisarse y anularse. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.
En 2023 y en 2024, Greenpeace pidió en dos ocasiones al TSJA que apercibiese al alcalde de Carboneras con una multa de 700 euros cada 20 días hasta que se produjese el cumplimiento total de la sentencia nº2000/2016, que clasificaba el paraje de El Algarrobico como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras (PGOU).
Greenpeace solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024, que ha concluido con que ahora debe investigar la legalidad de la decisión del TS. La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que todavía no han recibido respuesta del TEDH y que en la actualidad el caso se encuentra inmerso en dos procedimientos de ejecución, dado que no hay una voluntad de cumplir por parte del Ayuntamiento.
En líneas generales, denuncia las tácticas dilatorias que a su juicio ha llevado a cabo el Ayuntamiento para evitar cumplir con las sentencias y la triplicación de los procesos, ya que la promotora del hotel se presenta a algunos tribunales como Azata, Azata del Sol o Azata Inmobiliaria o a varios. Una promotora que ha estimado en más de 70 millones de euros los perjuicios que sufre por todo este embrollo. Porque a día de hoy el hecho objetivo es que hace veinte años le pararon una obra para la que aún tiene licencia en vigor.
