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El juez del Supremo asegura que el mail del novio de Ayuso salió de la Fiscalía y que Moncloa hizo gestiones para filtrarlo en los medios

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Foto: EP.

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, asegura que el origen del correo electrónico con los datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid salió de la Fiscalía con destino a la Presidencia del Gobierno.

En un auto recogido por Europa Press, Hurtado asegura que después Moncloa hizo gestiones para que el correo electrónico del 2 de febrero enviado por González Amador a la Fiscalía Provincial de Madrid para pedir un pacto a cambio de reconocer dos delitos fiscales apareciese publicado en el medio El Plural: "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación elplural.com".

De igual forma, el auto recoge que ese correo electrónico se puso a disposición de Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, "al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 (de marzo) en el Pleno" de la Asamblea de Madrid.

Sobre esto, destaca que Lobato, "en una primera transmisión que recibe de él, plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en el WhatsApp que envía a las 08:44:19: 'Porq si no parece q me la ha dado la fiscalía'; o en el que envía a las 09:00:49: 'Y pilar quiere q yo saque el mail de fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser'".

El instructor señala que, "ante estas circunstancias, desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio elplural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia".

Las informaciones sobre las negociaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía empezaron a las 21:29 horas del 13 de marzo, cuando El Mundo publicó que era Fiscalía quien ofrecía pactar, y se sucedieron hasta que a las 14:20 del 14 de marzo Fiscalía emitió una nota de prensa dando cuenta del cruce de correos electrónicos entre la defensa y Julián Salto, fiscal encargado del caso, para aclarar que fue la defensa quien tomó la iniciativa.

El móvil de Lobato

Cabe recordar que Lobato declaró como testigo el pasado 29 de noviembre para aportar el acta notarial que hizo de los mensajes que se intercambió la mañana del 14 de marzo con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Según el acta notarial, a las 8:29 del 14 de marzo Sánchez Acera envió a Lobato el 'email' para que lo usara horas después en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso. "Un 'quien miente señora Ayuso, usted o su novio? Parece que usted'. La imagen con la carta es potente", le dijo la asesora de Moncloa.

Lobato quiso saber si se había publicado, a lo que Sánchez Acera respondió: "Porque llega, la tienen los medios. Vamos a verlo. Para que estés más respaldado. Si es así, te lo digo. Si no, la tienes en retaguardia". Ya a las 8:48 le aseguró que el 'email' saldría "antes, para el control" en el parlamento regional. Así, a las 9:29, la que fuera jefa de Gabinete de López le envió el link de elplural.com con la noticia.

Posteriormente, la UCO, en un informe donde analizó el contenido del teléfono móvil de Lobato, concluyó que "de ese 'email' tendrían conocimiento antes de ser publicado en ningún medio (...) al menos" Lobato; Sánchez Acera; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; el también ex secretario de Estado de Comunicación y director de Comunicación del PSOE Ion Antolín; y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.

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