La ley de dependencia cumple 18 años con 3,7 millones de personas atendidas, mientras que 900.000 han fallecido en las listas de espera. Casi un año es el tiempo de tramitación de un expediente, aunque en cuatro comunidades ese plazo es incluso superior, a lo que hay que sumar los meses para recibir la prestación o servicio.
Así lo representa informe publicado este lunes por el Observatorio Estatal de la Dependencia y según el cual este año han fallecido 33.096 personas en lista de espera, esto es 91 al día y una cada 16 minutos, tal y como avanzó la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en un comunicado.
Igualmente, alerta de que cuando termine este 2024 se encontrarán en el 'Limbo de la Dependencia' 131.083 personas. Asimismo, recalca que este año el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 24.549 personas y ha advertido de que a este ritmo se tardarían cinco años en lograr la plena atención.
El número de personas demandantes, el de dependientes reconocidos en el sistema de dependencia y el de atendidos han registrado un incremento sostenido año a año, con dos excepciones: el periodo 2012 a 2014, años de recortes en su financiación, y 2020, por el impacto de la pandemia.
En torno al 3,4% de la población española requiere apoyos para realizar sus necesidades básicas de la vida diaria, detalla el informe realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales con los datos oficiales facilitados por el Portal de Transparencia.
"La lista de espera se ha reducido y se han incrementado las personas atendidas en estos 18 años a costa de reducir las cuantías de las prestaciones y de apostar por servicios de bajo coste", explica a EFE el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.
Plantea la necesidad de simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad de la prestación o del servicio sin tener que realizar cada vez un nuevo procedimiento.
Los datos de la mayoría de edad de la ley
- 3.699.078 personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 18 años.
- En 2024 serán 1.644.518 personas las que tienen reconocida su situación de dependencia y otras 136.954 estarán pendientes de valoración.
- 291.649 personas estarán desatendidas cuando se acabe el año sumando las que esperan los servicios (131.083), las pendientes de valoración (136.954 expedientes) y aquellas con un PIA (Plan de Atención) aprobado pero que aún no es efectivo (23.6122). A ese ritmo, se tardarían cinco años en lograr la plena atención.
- En los 18 años, 900.000 personas han fallecido en las listas de espera: 318.000 personas esperando que se les reconociera el grado y 541.000 esperando recibir un servicio y/o prestación a la que tenían derecho. En 2024 han sido 33.096 los fallecidos esperando.
- Casi un año (330 días) es el tiempo de tramitación de un expediente de la dependencia, aunque en cuatro comunidades (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia) este plazo es superior. A ello hay que añadir el tiempo que se tarda en hacer efectiva la prestación o servicio concedido.
- Listas de espera: se reducen desde 2015, aunque aún supera el 13% en el conjunto del Estado, con más de 131.000 personas.
- Financiación: en los tres últimos años (2021, 2022 y 2023) ha aumentado la aportación de la administración general del Estado con el plan de choque, pero aún no se ha alcanzado el objetivo de igualar al 50% la financiación Estado-comunidades.
- El gasto por persona atendida se ha reducido: en 2010 era 8.145 euros y en 2024 esta cuantía es de 5.982 (el 26,6%).
- Genera 40 empleos por cada millón de euros invertidos y la tasa de retorno -dinero que revierte a las administraciones a través de impuestos o cotizaciones de la Seguridad Social- supera el 40%.
Mientras, el Congreso debate elaborar un estudio sobre demandas de personas con discapacidad del entorno rural
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso debate este martes 17 de diciembre una proposición no de ley del PP, por la que insta al Gobierno a elaborar un estudio sobre las necesidades y demandas de las personas con discapacidad que residan en el entorno rural.
En concreto, según se desprende de la iniciativa, los 'populares' piden un estudio específico sobre las demandas, necesidades sociales, apoyos y recursos "para mejorar el bienestar de las familias con personas con discapacidad que residen en un entorno rural". Además, una vez elaborado el diagnóstico y propuestas de actuación, reclaman establecer un cronograma de desarrollo y planificación con las Administraciones competentes en la materia, que lleve la financiación estatal "adecuada y suficiente" para su puesta en funcionamiento.
Igualmente, la Comisión abordará la iniciativa del PP por la que insta al Gobierno a poner en marcha los mecanismos pertinentes para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Para ello, pide suprimir las barreras que padecen las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de justicia.
Por parte del PSOE, se debatirá la proposición no de ley que solicita establecer los mecanismos de regulación y control necesarios para garantizar la "calidad y rigurosidad" de los sellos y certificaciones de accesibilidad a entornos, productos y servicios. Así, los socialistas solicitan seguir los criterios y requisitos establecidos por los estándares publicados por los organismos de estandarización tanto nacionales como europeos.
También del PSOE, se abordará la iniciativa por la que insta al Ejecutivo a desarrollar medidas encaminadas a apoyar a las personas con ostomía. Así, propone poner en marcha ayudas para la realización de las obras necesarias para adaptar los baños de los domicilios; regular una tarjeta de estacionamiento urgente que permita estacionar en zona azul o plazas reservadas a movilidad reducida; y promover medidas de sensibilización y concienciación social, entre otras medidas.
Finalmente, por parte de Sumar, se debatirá la proposición no de ley relativa a la adaptación de la normativa española a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y al reciente cambio del artículo 49 de la Constitución.