Galicia
El exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien desempeñó sus funciones entre septiembre de 2020 y abril de 2024, ha defendido este viernes en el Parlamento autonómico "la legalidad y la "transparencia" de todos los contratos de emergencia firmados para poder cubrir las necesidades del Servizo Galego de Saúde (Sergas) durante los primeros meses de la pandemia de la covid-19.
También se ha referido a las adjudicaciones a empresas vinculadas a familiares de dirigentes del PP, señaladas por la oposición (BNG y PSdeG) en un debate de la comisión de investigación que ha sido tenso por momentos, tal y como ya se preveía por los desencuentros que este órgano ha generado entre los grupos las últimas semanas.
Entre las compañías mencionadas está la teleoperadora Universal Support, de la que es directivo Ignacio Cárdenas, cuñado del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y que fue contratada a partir de agosto de 2020 como apoyo al servicio de rastreo de casos de coronavirus.
García Comesaña, ahora diputado del PP y miembro de la comisión, ha justificado que se contactó con esta firma porque estaba trabajando para el Samur madrileño y que, "a los dos días", puso a disposición del Sergas 75 teleoperadores. Primero, en la confirmación de las infecciones y, posteriormente, en su rastreo.
En 2020, se hizo por adjudicación directa al amparo de la normativa de contratación para casos de emergencia. Meses más tarde, ya en 2021, "cuando fue posible", la Consellería de Sanidade sacó a concurso convencional esos servicios y Universal Support lo perdió, en un caso, y lo ganó, en otro.
García Comesaña ha sido el segundo compareciente de la primera jornada de esta comisión impulsada por el BNG. La presidenta del órgano, la popular Elena Candia, ha tenido que intervenir en algunas ocasiones y ha llamado a la calma advirtiendo que "hoy es el primer día", dijo.
Contratos millonarios
La oposición -BNG y PSdeG- se ha centrado en señalar las licitaciones no solo a Universal Support, sino también a Eulen, de la que es directiva para el Noroeste la hermana de Feijóo, Micaela Núñez; y a Mape Asesores, que vendió a la Xunta mascarillas por las que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió 2 millones de euros en comisiones.
Por parte del BNG, Luís Bará ha centrado buena parte de su intervención en denunciar que la Xunta y el PP denegó el envío de los expedientes de la contratación con Universal Support, Sibucu y Mape Asesores.
"Si no hay ningún problema, traigan la documentación", ha recalcado el nacionalista, para también censurar que el PP, con el "dedo de dictador desde Madrid", vetó en el plan de trabajo de la comisión la comparecencia tanto de Feijóo como de su hermana.
En todo caso, ha advertido que el BNG va a llegar "hasta las últimas consecuencias, dentro y fuera de la comisión", para destapar los "chanchullos" de los populares. Por eso, ya ha solicitado el resto de la documentación al amparo del artículo 9 del Reglamento del Parlamento.
Por parte del PSdeG, Patricia Iglesias ha coincidido en señalar el "auténtico paripé" que es la comisión y ha lamentado, no sin ironía, que García Comesaña tenga que "comerse el marrón" de comparecer en ella y que no lo haga Feijóo.
Corrupción
Asimismo, la socialista se ha parado especialmente en los contratos que recibió Universal Support por 15 millones de euros pese a que "nunca antes había contratado con el Sergas" y "carecía de solvencia técnica". "Miles de personas atemorizadas en casa y este señor (Ignacio Cárdenas) firmando contratos millonarios", ha resumido Iglesias.
Enfrente, el diputado del PP Roberto Rodríguez ha acusado a la oposición de querer convertir la comisión de investigación en una "de difamación" porque pretendían que acudiesen "personas concretas" a este órgano y no representantes de las empresas mencionadas.
Asimismo, el popular les ha respondido que toda la documentación que solicitaban estaba "recogida en la transacción" que les ofrecieron para pactar el plan de trabajo. Rodríguez ha insistido en que todos los contratos están fiscalizados por el Consello de Contas .
Tanto el portavoz del PP en el debate como el exconselleiro han sugerido que esta comisión creada por el Bloque busca tapar el "extenso listado de casos de corrupción" que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez.
Hospital Álvaro Cunqueiro
El debate con la oposición se ha centrado mayormente en estas contrataciones, aunque el exconselleiro empleó su primera intervención para defender el modelo de concesión de obra pública escogido por la Xunta para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Según un informe del Consello de Contas, la Administración autonómica se hubiese ahorrado 470 millones de euros de haber licitado las obras y los servicios por separado. "De no haberse hecho por este modelo estaríamos aún esperando a que concluyeran las obras", ha aseverado García Comesaña,
El exconselleiro de Sanidade, que también fue gerente del Área Sanitaria de Vigo entre 2019 y 2020, recordó que fue el gobierno de Manuel Fraga el que aprobó primeramente, en 2005, la construcción del hospital. Sin embargo, ese mismo año llegó el bipartito de Emilio Pérez Touriño a la Xunta y se inició un "proceso de parálisis", zanjó.
Esta situación se desbloqueó con la vuelta del PP a la Xunta en 2009 y, tras el comienzo de las obras en 2011, acabaron en 2015 "en un tiempo récord" y permitió que el área de Vigo tuviera un hospital "de los mejores de Europa". Lo que permitió, ha argumentado, que en 2019 las listas de espera se redujesen en el área hasta los 61 días, 44 días menos que en 2013.
