Zaragoza
El sector de la Educación se pone en pie de guerra. Distintos sindicatos han organizado actos reivindicativos y movilizaciones con el fin de denunciar la situación que se viene atravesando y que afecta desde los empleados públicos en la administración hasta las condiciones laborales de los docentes y la falta de cobertura de diversas plazas, entre otras reclamaciones. Una reivindicación que sindicatos como STEPA y CATA han llevado de forma generalizada al sector público con motivo del cese de interinos en la Administración autonómica el próximo día 1 de noviembre.
Con una concentración de "sillas vacías", STEPA y CATA se han concentrado esta mañana ante la sede del Departamento de Función Pública para reclamar ante el cese de interinos y que se cumplan las sentencias de la Unión Europea y la propia legislación española, que instan a la estabilización.
Para ambos sindicatos, la situación es grave. En general, faltan diversos perfiles desde médicos a profesores, administrativos… Tan sólo en el servicio provincial de Educación en Zaragoza se contabiliza que faltan más de 40 personas para las áreas de información, gestión de las becas, gestión de personal docente o inspección, entre otros ámbitos.
Y la situación se prevé que se agrave puesto que ambos sindicatos han denunciado que continúan los ceses masivos de personal interino en abuso de temporalidad, lo que deriva en que cada vez haya más y más miles de puestos vacíos en lugar de estabilizarlos conforme las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia legislación nacional. Una situación que conlleva el deterioro de los servicios públicos de forma generalizada y, especialmente, en el sector educativo.
Por su parte, desde los sindicatos CCOO y UGT han salido en defensa de profesorado para pedir mejoras tanto por la vía de la negociación como de la movilización a las puertas de los centros educativos en la jornada de hoy, cuando se había citado a las organizaciones sindicales para ratificar el acuerdo que se alcanzó para que los profesores aragoneses fueran los peor pagados de España.
Ambos sindicatos se han negado a esta ratificación hasta que se resuelva la reducción real y efectiva a 24 horas para el cuerpo de maestros y la reducción horaria a mayores de 55 años. Dos cuestiones sobre las que CCOO y UGT señalan que siguen sin aplicarse en muchos centros educativos de Aragón.
Desde CGT también han mostrado su malestar por la acción del sindicato CSIF por romper la unión sindical al ratificar un acuerdo sobre el que apuntan que la Administración ha incumplido desde su firma, especialmente en aspectos como la no reducción en la práctica del horario lectivo al profesorado de infantil y primaria o no dotar de profesorado a los centros para cubrir las reducciones de mayores de 55 años. Además, cuestiona la validez del acuerdo al tener solo el apoyo del 25% de la representación sindical del sector.
CGT, así como CCOO, UGT y STEA, han valorado muy positivamente los paros realizados en la enseñanza pública aragonesa, además reclamar a la administración la negociación para revertir los recortes y evitar más movilizaciones.
Falta de personal en más sectores
Desde STEPA y CATA también han denunciado la falta de personal en otros sectores. Es el caso de la valoración de la dependencia y grado de discapacidad, que acumula demoras de más de un año por falta de trabajadores.
Actualmente, en la Diputación General de Aragón trabajan 60.339 personas. De ellas, el 50,3% son temporales y más de 17.000 acumulan más de tres años, el máximo legal permitido. El último boletín estadístico de personal del Gobierno de Aragón reconoce que sólo 3.893 empleados públicos tienen destino definitivo.
Según datos de STEPA y CATA, el próximo despido masivo tendrá lugar este viernes, 1 de noviembre, cuando tomen posesión definitiva el personal que se encontraba en destino provisional y se incorporen a sus nuevos destinos los más de 600 funcionaros de carrera del segundo macroconcurso de traslados que lleva a cabo Función Pública en la Administración General. Solo se han cubierto un 17% de los 3.207 puestos ofertados. Además, las incorporaciones no garantizan que se haga el trabajo porque los sustitutos pueden acogerse a comisiones de servicio. Tampoco el hecho de que se cubran inmediatamente los anteriores puestos que dejan vacantes los funcionarios fijos.
Ambos sindicatos coinciden en señalar que a todo esto se añade la polémica instrucción aprobada el pasado mes de mayo por el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, que impone el despido automático de los interinos que llevan tres años consecutivos en un puesto, "aún a costa de dejarlos sin cubrir ya que la cobertura de esa plaza puede prolongarse bastante tiempo".
Desde STEPA califican de "sangrante" que el Gobierno de Aragón haya incumplido totalmente la Ley 20/21, que obliga a estabilizar las 17.000 plazas ocupadas por interinos aragoneses en fraude de ley, y "sí la utilice para promover estos nuevos despidos".
Recientemente, casi cinco meses después de aprobada la instrucción, el Ejecutivo aragonés ha aprobado una modificación de la misma, según la cual cada departamento puede establecer de forma excepcional que algunos interinos permanezcan en sus puestos.
Para STEPA, esto "no soluciona el problema y aumenta además la arbitrariedad de esta norma, que el Gobierno no quiso aprobar como orden o decreto, para evitar que pudiera ser recurrida".