Galicia
El concejal de Infraestructuras de Pontevedra, César Mosquera, ha presentado este martes la nueva ordenanza fiscal de residuos, que supondrá la imposición de una nueva tasa de basuras para cumplir con la ley estatal que obliga a que el coste de la gestión de los residuos se pague con los recibos del contribuyente, impidiendo usar fondos municipales para cubrir el déficit.
Mosquera ha insistido en que no se trata de una subida de la tasa sino de que "pague más quien más residuos genere y tenga más capacidad económica" y que pague menos quien tenga menos capacidad y genere menos residuos.
El concejal de Infraestructuras ha avanzado ha destacado que a una buena parte le bajará la tasa y que los grandes beneficiados serían las pequeñas actividades y aquellas que tengan menos ingresos.
Según ha indicado, la tasa se rige en torno a seis principios fundamentales: universalidad, progresividad y capacidad económica, disponibilidad del servicio, estímulos por buenas prácticas, flexibilidad y el denominado factor social.
En cuanto a la universalidad se aplicará a toda actividad (tenga o no un local) potencial o efectivamente generadora de residuos de competencia municipal. Mosquera ha advertido que la ordenanza actual es "tremendamente regresiva", por lo que a partir de ahora se aplicará teniendo en cuenta la capacidad económica del generador de residuos.
Buenas prácticas
Una parte de la tasa deberá ser fija por la disponibilidad del servicio y relativamente pequeña para dar cabida a los estímulos por buenas prácticas que son los factores de reducción de la tasa por el esfuerzo y la corresponsabilidad en la gestión de los residuos.
El edil del concello de la ciudad del Lérez explicó que son cuestiones como la prevención, reutilización, separación para el reciclaje, el compostaje individual o comunitario, la donación a comedores sociales o la recogida de residuos similares a los que produce o vende.
El factor social ya existe actualmente y está contemplado en la Ley así como la rebaja o la anulación para las familias que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.
