El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha admitido a trámite la denuncia presentada por el empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest, Álvaro Romillo, contra el eurodiputado Alvise Pérez, el líder del partido político Se Acabó La Fiesta, por delito de financiación ilegal de partidos políticos al haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo.
En el auto, el juez Calama ofrece al eurodiputado, dada, precisamente, su condición de aforado, "la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en el juzgado el 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa".
El magistrado que instruye el procedimiento, no obstante, ha acordado abrir una pieza separada independiente de la causa principal, que investiga la supuesta estafa piramidal a través de la red empresarial de Romillo. Cabe recordar, que, tal y como adelantó este periódico, la trama suma al menos 26 sociedades y llegó a estafar, presuntamente, 600 millones de euros a más de 2.000 inversores. De acuerdo con fuentes consultadas, Romillo y su padre, Domingo Romillo, junto a otros socios, conformaron una compleja red societaria que prometía rentabilidades de más del 50% con inversiones en criptomonedas, arte, coches de lujo e incluso proyectos inmobiliario. El eurodiputado acudió a Romillo, precisamente, por su posición como CEO de esta compañía.
En esa causa principal, Calama apunta que, la actuación de Alvise en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado empresarial, "pudiese dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada". Pese a que el juez expone que la admisión a trámite de la denuncia no constituye aún "un acto de imputación judicial", deja claro que la mera recepción de dinero en negro con conocimiento de que va a ir aportado a la formación política es un acto delictivo. En paralelo, al margen de la investigación en la Audiencia, la Fiscalía remitió ya al Supremo a principios de este mes de octubre, otra denuncia contra el eurodiputado por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest después de haber recibido el dinero y promocionar la plataforma de inversión.
La principal demanda contra la trama la ha presentado el despacho de abogados Zaballos, que reúne ya a más de 300 afectados por la red, y ha reclamado que se decrete una orden de búsqueda y captura contra Romillo, que se encuentra en paradero desconocido y que presuntamente habría huido del país en un yate con bandera de Malta, valorado en 26 millones de euros. Algunas de las sociedades implicadas en la trama se estarían, de hecho, vaciando patrimonialmente como es el caso de PKW Italien, que gestiona un concesionario de coches de lujo que entre el 12 y el 15 de septiembre fue desocupado completamente.
