Valencia
La nueva ley educativa impulsada por la Generalitat Valenciana que preside el popular Carlos Mazón abre un nuevo frente con el Gobierno central de Pedro Sánchez. La normativa, que tiene como uno de sus pilares reducir el peso de la lengua valenciana, fundamentalmente en las zonas donde predomina el castellano, ya ha hecho que el Ejecutivo socialista haya dejado claras sus discrepancias.
Precisamente ese es uno de los puntos que más han criticado los partidos de izquierdas que habían aprobado la anterior ley con el anterior Botànic y que ahora también amenaza con provocar un recurso del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. En concreto, el Gobierno central considera que los apartados que incluye para la exención de la materia de valenciano en la evaluación y calificación del alumnado y el fomento de su estudio en zonas de predominio lingüístico castellano puede ir contra la normativa estatal.
Una situación que ha llevado a la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, que deberá abordar las discrepancias entre ambas administraciones para tratar de conciliar posturas. Si no se logra un acuerdo, el Estado puede recurrir a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma valenciana en el Tribunal Constitucional.
En concreto, la Administración del Estado considera que puede ir contra la norma básica el artículo 14 de la bautizada Ley de Libertad Educativa, que se refiere precisamente a la exención de la materia de la lengua valenciana en la evaluación y calificación del alumnado, además cómo se debe fomentar ésta en los centros en zonas de predominio lingüístico castellano tradicional.
También incluye las disposiciones adicionales primera, que trata sobre la Educación plurilingüe en otras enseñanzas del sistema educativo, y la cuarta, en este caso con las situaciones excepcionales para no aplicar el requisito lingüístico del profesorado.
Otros recursos en marcha
No es el único frente abierto contra una de las leyes que el PP sacó adelante con Vox antes de que se rompiera el acuerdo de Gobierno. Compromís ha anunciado contactos con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios del Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Libertad Educativa. Este recurso al Tribunal Constitucional (TC) lo podría presentar el Gobierno o un mínimo de 50 diputados en el Congreso, con el plazo abierto hasta final de este mes.
De momento el PSPV ha descartado "prestar diputados" a Compromís, que está integrado en el grupo de Sumar en el Congreso, para recurrir, según recoge Europa Press. "Si el Partido Socialista decide presentar un recurso de inconstitucionalidad, lo hará el Partido Socialista", subrayaba el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, que recordaba que "se está trabajando" en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, una fase de negociación que ha indicado que es la habitual para evitar que una ley autonómica se inmiscuya en la legislación estatal.
Esta ley se aprobó el pasado mes de junio y el PP lo considera el cumplimiento de una de sus promesas electorales: que las familias puedan elegir la lengua en la que se han de educar sus hijos.
