Ocho equipos humanos, doce coches y cinco motos para la vigilancia terrestre, tres vehículos para comunicaciones, equipos de transmisión dúplex, sistemas de audio, dispositivos de captación de información y comunicaciones, software y hardware para acceder a determinados bancos de datos y sistemas de captación de imágenes y vídeos en situaciones adversas.
Son los medios con los que contaba el excomisario José Manuel Villarejo para espiar a los rivales y clientes del BBVA bajo la presidencia de Francisco González después de que este le contratará en sucesivas ocasiones entre 2004 y 2019. La capacidad y los sistemas con los que contaba elexcomisario eran de tal magnitud que le permitieron incluso llegar a hacer labores de vigilancia dentro del centro penitenciario de Estremera donde se encontraba el presidente de Ausbanc, Luis Pineda , uno de los mayores enemigos de González y que, precisamente, estuvo tres años en prisión siendo inocente, según sentenció el Tribunal Supremo, por mor de un plan criminal ejecutado por Villarejo y planeado y pagado por BBVA", según denuncia ahora éste y considera probado la fiscalía. Villarejo pasó, en concreto, información al banco sobre una falsa amenaza de asesinato contra su expresidente que, según decía, había orquestado Pineda con un grupo de búlgaros con los que compartía celda.
El juez Manuel García Castellón cuenta de forma detalla en su último auto, por el que solicita llevar a juicio tanto a exdirectivos del banco como a antiguos miembros de la Policía, como funcionaban los operativos. Se trataba de hacer seguimientos, intervenir llamadas de forma ilegal, hacer grabaciones, acceder a bases de datos policiales e incluso encontrar propiedades ocultas a nombre de personas que mantenían deudas con el banco. Todo ello con "total desprecio a la normativa de control jurídico y contable de la entidad", según el magistrado que ha instruido la causa.
Escritos de acusación
A la espera de que el próximo domingo día 15 venza el plazo para la presentación de los escritos de acusación y los posibles recursos ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, las pruebas recabadas durante la instrucción han sido para el magistrado encargada de la misma concluyentes. El inicio de los hechos se remonta a septiembre de 2002 con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano. Dicha contratación, según apuntó ya la fiscalía y confirmó después el juez, contó con la aprobación expresa del expresidente ejecutivo del banco, Francisco González, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.
Para el juez, resulta claro que González "no sólo conocía y autorizó las ilegales actividades para las que había sido contratada Cenyt (la empresa de Villarejo), sino que fue por su expresa orden por la que se procedió a su contratación". Todo comenzó con el denominado Proyecto Trampa, por el que Villarejo trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005. Pero desde entonces hubo mucho más y, por orden siempre de González. Villarejo realizó labores de vigilancia y espionaje hasta la salida del directivo la entidad azul en diciembre de 2018. El último de los contratos estuvo vigente, en concreto, hasta el 31 de diciembre de 2018, tan solo diez días después de que González abandonara el cargo y fuera sustituido por Carlos Torres, el actual presidente de la entidad.
En teoría, Villarejo prestaba al banco "asesoramiento continuado en el análisis de información, localización de patrimonios y servicios de inteligencia comercial y corporativa", pero el propio BBVA podía solicitar trabajos de investigación "específicos" para decidir o no si prestar créditos a los clientes investigados. Entre los clientes del banco a los que se espió destacan, sobre todo, dos en 2009 a raíz de los impagos por la crisis del sector inmobiliario:Fernando Martín, de Martinsa, y Luis Portillo, de Colonial. No obstante, en el último auto del caso, el magistrado García Castellón recoge que el espionaje a otros clientes tenía la finalidad, entre otras razones, de "tomar decisiones crediticias". En total, el banco realizó así pagos a Villarejo por más de 10 millones de euros.
