El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contraria a Derecho europeo la ley de Castilla y León que permite cazar a lobos aun cuando el estado de conservación de esta especie sea "desfavorable o inadecuado" a nivel nacional.
En una sentencia de este lunes, el tribunal con sede en Luxemburgo señala que la ley autonómica es contraria a la Directiva europea ya que el lobo no puede ser declarado como especie "cazable" en una parte del territorio de un Estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional sea desfavorable.
"El hecho de que una especie animal pueda ser objeto de medidas de gestión no implica que su estado de conservación sea favorable", asegura el TJUE que recuerda que en 2019 el Gobierno de España informó a la Comisión Europea de que en el periodo 2013 a 2018 el lobo se encontraba en estado de conservación desfavorable en todo el territorio nacional.
En este sentido, la Justicia europea insiste en que las medidas de protección buscan mantener o restablecer la especie y pueden incluir normas relativas a la caza, para restringirla. "Por consiguiente, si es necesario, la caza puede incluso prohibirse", recalca la sentencia.
El TJUE apunta que cualquier decisión para permitir la caza de una especie en peligro de extinción tiene que "estar justificada y basarse en los datos relativos a la vigilancia del estado de conservación" y critica que las autoridades de Castilla y León no tuvieran en cuenta el informe estatal de 2019 que reconocía que el lobo se encontraba en un estado de conservación desfavorable en toda España.
La situación de estas especies y la conveniencia de adoptar medidas de gestión se tiene que realizar de acuerdo al informe elaborado por los Estados miembros cada seis años en virtud de la Directiva europea y basarse en los datos científicos más recientes obtenidos gracias a la vigilancia que los Estados miembros realizan.
Así concluye que cuando una especie animal se encuentra en un estado de conservación desfavorable, las autoridades competentes deben adoptar medidas para mejorar el estado de conservación de la especie de que se trate, de modo que sus poblaciones alcancen en el futuro un estado de conservación favorable sostenible.
En este contexto, pide que cuando haya "incertidumbre sobre los riesgos existentes para el mantenimiento de una especie en un estado de conservación favorable", prime el principio de cautela y se tomen medidas de protección, como la restricción o la prohibición de caza.
"Absolutamente incompetente"
El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Vázquez, ha tachado este lunes a la Junta de Castilla y León de "perjudicial para los intereses" de la Comunidad Autónoma y ha zanjado que la Administración autonómica es "absolutamente incompetente" para la gestión del lobo.
Vázquez ha reprochado a la Junta de Castilla y León que no tenga actualizado "de forma conveniente" el censo de la población de lobo en la Comunidad y ha hecho hincapié en que la situación de conservación es desfavorable, "como reiteradamente viene siendo considerada por las autoridades competentes".
Para el portavoz de Medio Ambiente en el Grupo Socialista, estos hechos convierten a la Junta "en una Administración absolutamente incompetente" que, según ha recordado, también fue "incapaz" de gestionar los más de 6 millones de euros de los 9 que le entregó el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a los daños y a la convivencia entre las ganaderías y el lobo en 2022.
"Una vez más la Justicia declara nula la acción del gobierno de la Junta de Castilla y León del Partido Popular. Lo ha hecho con el Plan de Residuos, lo ha hecho con el Plan de Calidad de Aire, lo hace, hace no más de dos semanas, anulando el Plan de Prevención de Emergencias y Salvamento en Castilla y León y una vez más, en esta ocasión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara también nula nuestra ley de caza", ha sentenciado el socialista.
Nunca se ha cazado el lobo "si no estaba en estado de conservación"
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el 'popular' Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este lunes que el Gobierno autonómico "acata y comparte plenamente" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha declarado contraria a Derecho europeo la Ley de Castilla y León que permite cazar a lobos aun cuando el estado de conservación de esta especie sea "desfavorable o inadecuado" a nivel nacional.
Dicho esto, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha aclarado que en Castilla y León nunca se ha cazado el lobo "si no estaba en estado de conservación favorable" y ha hecho especial hincapié en que nunca se cazará. "Nunca se ha cazado el lobo en Castilla y León en lugares o en un territorio en Castilla y León en estado de conservación desfavorable, siempre en estado de conservación favorable", ha reiterado el consejero.
"Lo compartimos porque en Castilla y León nunca se ha cazado el lobo cuando se podía cazar si no estaba en estado de conservación favorable", ha insistido Suárez-Quiñones que ha explicado que hasta el año 2021 todos los cupos comarcales de lobo en los que se determinaba cuántos ejemplares podían ser objeto de caza se hacían sobre informes técnicos que partían del supuesto de que estuviera en un estado de conservación favorable.
A esto ha añadido que el Gobierno de España incluyó el lobo en el LESPRE como especie protegida de protección especial, lo que hace que la sentencia del TJUE no tenga aplicación alguna en estos momentos, y ha recordado que la Comisión Europea y la propia Junta "luchan" para que Castilla y León recupere nuevamente la capacidad de gestión del lobo, "no solo en el norte, también en el sur del Duero.
El consejero castellano y leonés ha cargado contra el Gobierno de la nación tras remitir a la Comisión Europea un informe sexenal 2012-2018 en el que aseguró que el lobo en España estaba en retroceso, "un informe totalmente erróneo" que, según ha criticado una vez más, no se ajustaba a la verdad y provocó la contrariedad de todas las comunidades autónomas que tienen lobo.
"Demostramos con datos que eso no era cierto", ha rememorado Suárez-Quiñones que ha apelado al siguiente informe que está elaborando el Gobierno sobre el periodo 2019-2024 en el "esta vez sí ha pedido los datos a las comunidades autónomas", como ha hecho ya Castilla y León.
