
Si la política cada vez se parece más al mundo del fúbol, como no podía ser menos el hecho de que la tercera ciudad de España se haya quedado fuera de las sedes que albergarán el Mundial de 2030 apunta a convertirse en otro casus belli de la guerra entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia con el Gobierno central.
De momento, los responsables del PP tanto del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, como del consistorio, la alcaldesa María José Catalá, han escenificado su descontento con una reunión en la que aseguraron su intención de apelar a todas las instancias posibles para tratar de que Valencia no se quede fuera del mayor evento deportivo del mundo, después de los juegos Olímpicos.
Para ello, anunciaron la contratación de una consultora internacional que trabaja de forma habitual con la FIFA para realizar una auditoría externa para constatar que la candidatura cumple con todos los requisitos y convencer al organismo internacional de que la incluya en la selección final. Un fichaje en los despachos para intentar conseguir una especie de VAR, el sistema que revisa las decisiones arbitrales en los partidos, del máximo organismo mundial del fútbol, un sector donde los intermediarios y las comisiones forman parte del día a día. Sólo hace falta remitirse a la historia reciente de la propia Federación Española.
Las dos administraciones además va a reclamar "por burofax" al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el informe con la valoración de las candidaturas al mundial de fútbol con los criterios y puntuaciones.
En el caso del CSD, que depende del Gobierno central, el presidente y la alcaldesa han llegado a exigir que "se pronuncie de una forma clara y salga del silencio para dar una respuesta a todos los valencianos sobre la decisión de la RFEF de excluir a la ciudad de Valencia".
Es más, el presidente valenciano hizo un llamamiento a "la sociedad valenciana" para que "demos un paso adelante en una situación en la que la falta de información, objetividad y transparencia del CSD y la RFEF están brillando en exceso", con el claro objetivo de meter presión al 'rival' en toda la cancha.
El eterno problema de fondo
La postura actual contrasta con la versión de los últimos meses, en que se transmitía que lo importante era encontrar una solución para el estadio y para el Valencia Club de Fútbol a largo plazo aunque ello supusiese quedar fuera de la cita mundialista, ante la presión de la afición valencianista para la marcha del dueño del club, Peter Lim.
Las obras del Nou Mestalla llevan paralizadas más de 15 años y el futuro estadio debía ser la futura sede valenciana de los partidos. Hace apenas unos días el Ayuntamiento aprobó una nueva licencia de obra tras un largo tira y afloja político y con el club sobre las condiciones y el Valencia CF volvió a prometer el reinicio de los trabajos en un plazo de seis meses. La fuerte subida de los precios inmobiliarios ante la falta de suelo puede reactivar la venta de la parcela del actual campo de Mestalla, tras varios intentos frustrados.