Zaragoza
El año 2023 se cerró en la comunidad aragonesa con un total de 8.098 despidos de los que 4.987 fueron disciplinarios. La indemnización media se situó en 11.366 euros, lo que supone un coste total de 51 millones de euros para las empresas.
Los datos los ha facilitado UGT Aragón en la rueda de prensa para valorar la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales en la que se falla contra la legislación española en relación al despido improcedente. Este órgano europeo es el encargado de velar por el cumplimiento en los países de la Carta Europea de Derechos Sociales, que fue firmada por España en 1996, aunque no se ratificó en su totalidad hasta 2021.
Una situación que el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, ha calificado de "decisión histórica y justa", además de añadir que "no vería serio que el Gobierno de España la incumpliese.
La resolución, cuyo contenido íntegro se dará a conocer el lunes, estima que la legislación española sobre el despido improcedente no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente, además de no tener un efecto disuasorio suficiente para los empleadores.
Esta legislación, que se reformó en 2012, establece una compensación en el despido improcedente de 33 días por año trabajado con un tope de 24 meses. Para Arcéiz, tiene "deficiencias significativas", según indica en declaraciones recogidas por Europa Press.
En concreto, el secretario general de UGT Aragón ha aludido a la flexibilidad, la adecuación y la capacidad disuasoria. Además, ha indicado que este tipo de despido se convierte en "previsible", ya que se puede calcular su cuantía de manera previa y no disuade al empleador de echar mano de ese recurso. Entre sus críticas también destaca el hecho de que no se atiende a todo el daño que causa al trabajador.
Arcéiz también ha explicado que el despido disciplinario se ha convertido en un "coladero", aumentando más del doble desde la última reforma de la legislación laboral.
Y no es el único problema. También ha indicado que "pasa mucho tiempo" desde que un trabajador es despedido y se resuelve el caso por lo que ha reclamado la recuperación de los salarios de tramitación, que fueron suprimidos desde la reforma laboral de 2012.
Vinculante
El secretario general ha considerado que la resolución del Comité Europeo es vinculante por lo que obliga a su cumplimiento. En este sentido, ha añadido que "lo que hace falta es voluntad y el Gobierno no puede decir alegremente que no es vinculante, porque si lo hace, habría que decirle qué seriedad tiene España como país a la hora de cumplir los compromisos internacionales".
El sindicalista ha recordado que otros países como Francia, Finlandia e Italia, que también suscribieron la Carta Europea, han terminado adaptando sus legislaciones tras atender el Comité los recursos planteados por diferentes sindicatos de esos estados. "Alemania y Austria, por ejemplo, no han suscrito la Carta y sus sindicatos no pueden plantear reclamaciones".
Arcéiz ha urgido a que el Gobierno de España acometa la reforma de la legislación laboral que, en su opinión, debe apostar por "aumentar la flexibilidad" para que los tribunales ajusten la compensación del despido improcedente a los daños reales sufridos por el trabajador.
Igualmente se tendría que contemplar la eliminación de los topes de compensación o bien elevarlos de forma notable, así como fomentar la reincorporación, asegurar una tramitación judicial más rápida y recuperar los salarios de tramitación.
En el caso de que el Gobierno de España no adapte el despido improcedente, el secretario general de UGT Aragón ha afirmado que el sindicato irá "juzgado por juzgado, despido por despido", para exigir el cumplimiento de la resolución.