Barcelona
Mientras siguen las negociaciones para formar una mayoría de gobierno en Cataluña, multitud de iniciativas legislativas han quedado arrumbadas en el Parlament. La convocatoria anticipada de elecciones, ordenada el pasado marzo por el presidente Pere Aragonès, no solo abortó la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2024, sino que paralizó decenas de propuestas que habían empezado a tramitarse en el hemiciclo.
En concreto, la disolución de la Cámara catalana dejó en el aire 17 proyectos de ley impulsados por el Govern, 49 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios y cinco propuestas para elevar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados. A este bloque habría que sumar otros borradores legales muy avanzados que no llegaron a la mesa del Comité Ejecutivo, como la ley de cámaras de comercio y la ley del taxi. Todos estos proyectos deberán reiniciar su tramitación desde cero.
Tan solo se salvaron de la vuelta a la casilla de salida las iniciativas legislativas populares, conocidas por las siglas ILP, como la presentada para declarar de forma unilateral la independencia y que posteriormente fue tumbada por el Tribunal Constitucional. La cita con las urnas también paralizó las propuestas de resolución y las peticiones de información y comparecencia al Govern, así como las comisiones de investigación.
Financiación municipal
Entre las normas pendientes de aprobación definitiva se hallan algunas de calado económico. Es el caso del nuevo impuesto sobre las emisiones contaminantes de los grandes buques. La Generalitat estimaba recaudar 7,5 millones de euros anuales con un gravamen que se ganó el rechazo de la patronal Foment del Treball. La pretensión del Govern era que cada embarcación de grandes dimensiones pagase una media de 1.440 euros cada vez que atracase en un puerto.
Las elecciones catalanas se llevaron por delante el impuesto, así como el proyecto de ley de atención sociosanitaria y las proposiciones de ley sobre el tercer sector y el sinhogarismo. Las dos últimas iniciativas habían sido reclamadas de forma insistente por las entidades que prestan servicios sociales para contar con un marco que clarificara, entre otros aspectos, las transferencias públicas y los procesos de concertación.
De su lado, la regulación de las personas sin hogar concedía una serie de derechos a este colectivo. Se da la circunstancia de que ambos textos contaron con el respaldo casi unánime de todos los partidos con representación en el Parlament, con excepción de Vox.
Aún en el ámbito económico, los comunes impulsaron una proposición de ley de finanzas locales que pretendía solventar la falta de recursos de los consistorios con una idea estrella: la creación de un fondo de participación de los municipios en los tributos de la Generalitat.
Esta propuesta se sumaba al llamado estatus de la Cataluña vaciada que pretendía echar un capote a los 500 pueblos con menos de 2.000 habitantes en ámbitos como la educación, la agricultura, el urbanismo y la conectividad.
Sin ley del taxi
El fin precipitado de la legislatura impidió iniciar la tramitación de la ley de cámaras de comercio --Cataluña es la única comunidad que no cuenta con un marco autonómico en esta materia-- y la nueva ley del taxi, que debe sustituir a la de 2003 y encajar la actividad de las plataformas de vehículos de transporte con conductor (VTC). Esta reforma recogerá el posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las ratios entre taxis y VTC.
Tampoco otras propuestas de motivación ideológica, como la ley trans y la ley de memoria histórica, vieron la luz debido al 12-M. La primera se convirtió en el principal objetivo de la Consejería de Igualdad y Feminismos, aunque generó un agrio debate entre las distintas corrientes feministas.
