Bruselas
Han sido meses de tensas negociaciones en las que el acuerdo se conjuraba casi imposible. Finalmente, el PP y el PSOE han llegado este martes a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo. El pacto establece que el organismo deberá tomar decisiones por una mayoría reforzada conformada por las tres quintas partes de los miembros. Además, serán los miembros del CGPJ los que deberán presentar una propuesta en el plazo de seis meses para reformar la manera en que se selecciona a los integrantes del organismo.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, han firmado esta tarde el acuerdo tras una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. "Hoy es testimonio de que podemos encontrar compromiso en los aspectos más importantes entre rivales políticos", ha dicho la vicepresidenta comunitaria durante el arranque de dos comparecencias, ya que González Pons y Bolaños han aparecido ante la prensa por separado y sin hacer explícito el motivo de tal coreografía.
El acuerdo incluye una renovación ya en julio de 20 nuevos vocales de poder judicial, 16 de los cuales provienen de la carrera judicial, además de un letrado del Tribunal Supremo, una letrada de las Cortes Generales, una letrada del Tribunal Constitucional y un expresidente del Consejo Jurídico Consultivo Autonómico. Como añadido, se ha pactado una relación de otros 12 suplementes. Una lista que ha sido acordada entre ambas formaciones.
Simultáneamente con la aprobación de los vocales se presentará, también en julio, una proposición para reformar la ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto del Poder Judicial para poner límites a la vuelta de la vida política a la judicatura. La reforma establecerá que cualquier juez que ostente un cargo político debe estar dos años sin dictar sentencias si quiere volver a ejercer. A su vuelta a la judicatura no podrá dictar sentencias si tienen carácter político.
"En el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación", ha explicado González Pons.
En cuanto al Fiscal General del Estado, no podrá actual como tal en casos que le afecten personal o profesionalmente. Además, un político no podrá ejercer este cargo hasta que haya contado cinco años fuera de la vida política. Por otro lado, la Comisión de Validación valorará los nombramientos del Consejo, con un centenar de vacantes a las que se suman otras 25 para el Tribunal Supremo.
"Hoy la justicia española es más independiente que ayer e inicia un camino alejada de la política y la influencia de los políticos", ha indicado el representante popular en comparecencia de prensa. Además, ha puesto en valor el rol de la Comisión Europea como mediadora de un acuerdo que supone una garantía para la formación conservadora: "Sin la garantía de la Comisión no lo habríamos firmado", ha puntualizado.
"El acuerdo pone fin a la anomalía institucional en la que vivía nuestro país desde hace cinco años", ha apuntado Bolados. El ministro de presidencia ha precisado que cada año de bloqueo ha supuesto a las arcas públicas 12 millones de euros y que, con este acuerdo, que "los tres poderes funcionarán con normalidad institucional".
Se trata del primer encuentro en el que la checa sustituye al antiguo comisario de Justicia, Didier Reynders, en el papel de mediador entre Gobierno y oposición. La propia Jourova puso como condición que el acuerdo estuviera muy avanzado para realizar una reunión.
Las conversaciones empezaron a finales de enero después de que los populares solicitaran a la Comisión Europea que mediara en la negociación para mantener un "diálogo estructurado". Pese a que el plazo de dos meses que barajaba Reynders para tal conversación ya se ha superado no se había llegado a un acuerdo.
En estos seis meses se han producido cuatro reuniones que han finalizado sin resultados satisfactorios. Los populares venían demandado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma se realizaran en paralelo mientras que los socialistas abogarían solo por abordar a renovación en primer lugar, para dejar la reforma para más adelante.
Son ya cinco años los que lleva de bloqueo la renovación del CGPJ en España, todo pese a los toques de atención desde Bruselas. La Comisión Europea ha advertido en múltiples ocasiones que el bloqueo repercute con "serios problemas en la administración de la justicia en España".
En su informe anual de Estado de Derecho en 2022, el Ejecutivo comunitario tachaba de "máxima urgencia" la necesidad de que España revisara el sistema de nombramiento de los jueces, alineándose con los preceptos de los estándares europeos. Avisaba, en este momento también del riesgo de que el organismo se volviera vulnerable a la policitación y reclamaba que los jueces sean escogidos por sus colegas.
Los veinte nuevos vocales
Vocales de procedencia judicial: Ángel Arozamena, Esther Erice,Gema Espinosa, J. María Fernández Seijo, J. María Paéz, J. Carlos Orga, José Eduardo Martínez Mediavilla, José Antonio Montero, María Pilar Esther Rojo, Carlos Preciado, Alejandro Abascal y Lucía Avilés. Vocales de prestigio: José Luis Costa Pillado, Argelia Queralt, Pilar Jiménez Bados, Luis Martín Contreras, Inés Herreros, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández e Isabel Revuelta.
