La auditoría independiente encargada por la Junta de Andalucía a Applus asegura que los cortes ilegales que sufren continuamente algunos barrios de Sevilla se debe a enganches ilegales a la red, ya que los 56 centros de transformación analizados "disponen de potencia y capacidad suficiente" y "no es la capacidad de suministro la causante de las incidencias".
Las autoridades -Junta, Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno- han evitado sin embargo en la presentación del informe señalar la causa profunda que según Endesa está detrás de los cortes: las plantaciones de marihuana. Los expedientes de fraude por marihuana en los cuatro primeros meses del año en la provincia de Sevilla han sido 35, lo que supone dos casos abiertos a la semana.
Endesa ha apuntado nada más conocerse algunos datos del informe de que en esos barrios analizados hay potencia suficiente no sólo para abastecer a sus clientes, sino también a los hogares que se enganchan ilegalmente a la red para consumo doméstico. Lo que provoca los cortes, ha insistido el director territorial de la compañía para Andalucía, Rafael Sánchez Durán, son las plantaciones de marihuana.
Endesa insiste en muchas ocasiones los picos de demanda "están originados por plantaciones de marihuana que introducen consumos casi industriales en zonas residenciales (una plantación de marihuana 'indoor' consume como 80 viviendas de 100 metros), cuya red de distribución no está diseñada para este fin, lo que genera sobrecargas que pueden derivar en sobrecalentamientos de los centros de transformación". En los últimos 4 años se han incendiado 16 de estos centros por sobrecarga en estas zonas.
Crecimiento del 85%
En los primeros cuatro meses de este 2024, de los 35,1 millones de KWh defraudados que se han detectado por Endesa, 3,15 millones provienen de plantaciones de marihuana, una cifra 85% mayor que la registrada en el mismo periodo de 2023 (1,7 millones de KWh).
Este dato apunta en la dirección de que las inversiones realizadas por Endesa en los barrios analizados (12,7 millones en cuatro años) para aumentar la potencia y garantizar en abastecimiento de las familias son en realidad aprovechadas en buena medida por la industria de la marihuana para ganar dimensión.
Tan sólo el consejero de Energía, Jorge Paradela, se refirió a que por parte de la Junta "estamos estudiando la solicitud al Gobierno de España de revisar el endurecimiento de las penas reflejadas en el Código Penal por fraude eléctrico vinculado a actividades delictivas".
El informe
Los barrios objeto de este estudio han sido Padre Pío-Palmete, Tres Barrios-Amate; Los Pajaritos, Cerro del Águila, Juan XXIII, Rochelambert, La Plata-Su Eminencia, Torreblanca, Polígono Sur; Bellavista y Valdezorras. Al respecto, se han analizado aproximadamente el 65% de los puntos de suministro --en concreto, 9.768 puntos--, en un trabajo complejo que ha requerido 3.100 horas de trabajo por parte de los técnicos de la empresa auditora.
El total de la potencia contratada se sitúa en el 51% de la disponible en esos centros. Es decir, los vecinos de esos barrios tienen a su disposición el doble de la electricidad que consumen los clientes que pagan su recibo. En siete de los transformadores analizados la demanda legal -contratada- es del 90% de la disponible, pero en esas zonas no han incidencias reseñables. Los problemas se concentran en zonas que tienen teóricamente el doble o más de potencia disponible de la que demandan los clientes legales.
Sánchez Durán ha explicado que las conclusiones que ha arrojado esta auditoría externa viene a "reafirmar la tesis" de la compañía eléctrica, en el sentido de que "había potencia suficiente que la demandada y estaba contratada".
La segunda "clave" que se ha destacado sobre esta auditoría se centra en que se han producido manipulaciones en las instalaciones particulares que tienen un mayor número de incidencias "y que suponen un gran riesgo para la seguridad de la red de distribución y para las personas".
"Estas dos ideas claves ratifican que las consecuencias del fraude eléctrico en estas zonas generan las incidencias que afectan a los usuarios", ha concluido el director territorial, al tiempo que ha subrayado la inversión de 12,7 millones de euros desde 2020 para reforzar los centros de transformación y las nuevas líneas.
Responsabilidades
El informe indica que en 23 de los 56 centros de distribución analizados "sí existe una alta tasa de incidencias". En este análisis se han distinguido las anomalías que corresponden a la empresa distribuidora y las que se atribuyen a usuarios.
En la parte del cliente, las incidencias o anomalías más reseñables "son derivaciones o enganches no realizados por la distribuidora, usuarios conectados directamente sin contrato y sin contador, instalaciones sin protección de fusibles y cuartos de contadores sin posibilidad de acceso debido a cerraduras o candados indebidos", según ha enumerado el consejero de Energía, Jorge Paradela.
Expediente
En cuanto a la empresa, "las más comunes son fusibles con calibres sobredimensionados, puntos de la red de distribución sin aislamiento, tapas de arquetas soldadas y planos de red de distribución de baja tensión que no corresponden con la instalación exigente, entre otras".
Por estas anomalías la Junta va a abrir expediente sancionador a Endesa. Las sanciones en grado máximo pueden alcanzar los 2 millones de euros, aunque la compañía valora que se trata de problemas leves y de carácter técnico.
"Si bien es cierto que se ha especificado que estos defectos no son la causa de las incidencias registradas en los entornos analizados. Este tipo de anomalías se corrigen de manera regular a medida que se detectan o con la ejecución de los trabajos definitivos que se producen un tiempo después de las actuaciones provisionales para reponer el servicio", apostilla la eléctrica.
Tanto el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, como el alcalde, José Luis Sanz, han coincidido a la hora de destacar la importancia de un trabajo coordinado entre las tres administraciones para solucionar el problema.
Un fraude cada media hora
Endesa ha abierto en los primeros cuatro meses del año 5494 expedientes de fraude en Sevilla, lo que supone un fraude cada media hora. Unas cifras que se han incrementado en un 33% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron a finales del mes de abril 4.130 expedientes de fraude en la provincia.
La energía defraudada con estos fraudes se estima en 35,1 millones de kilovatios hora, equivalente al consumo energético de 10.000 hogares, un 26% más que el mismo periodo del año anterior cuando en los cuatro primeros meses del año se registraron 28 millones de kilovatios hora defraudados.