La Fiscalía se opone de forma tajante a que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno cite a declarar en calidad de testigo a Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, para que aclare el presunto pago de comisiones a la 'trama Koldo'. Aunque el magistrado ya rechazó la citación, la acusación particular que ejerce la Asociación Liberum ha presentado un recurso y tendrá que ser ahora la Sala de lo Penal la que se pronuncie sobre la testifical. En un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal Luis Pastor se muestra contundente.
En su opinión, no tiene sentido que "como la comisión de investigación parlamentaria ha decidido la comparecencia de Don Javier Hidalgo Gutiérrez este Juzgado ha de hacer lo mismo y evitar un juicio paralelo en el Senado y la prensa". Esta pretensión, según dice, "no puede prosperar". El fiscal admite que hay la existencia de una relación entre Globalia y Soluciones de Gestión, la empresa investigada por el pago de comisiones a cambio de los contratos para el suministro de mascarillas, pero insiste en que eso no significa nada. "Tal relación, de lo que consta hasta ahora en las actuaciones se circunscribe al transporte de las mascarillas y, por otra parte, no ha sido la única" que ha tenido relación con los hechos investigados, según consta tanto en los informes de la UCO como en el de la Agencia Tributaria.
Para el fiscal "el hecho de que Globalia pudiera haber pagado una comisión a Víctor de Aldama -uno de los cabecillas de la trama- no tiene una especial trascendencia a los efectos del esclarecimiento de los hechos en tanto que, de lo hasta ahora investigado, no existe dato revelador alguna de la posible participación de la citada entidad en el proceso de adjudicación de los contratos objeto de investigación". La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, detectó un pago del grupo Globalia al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, de 157.300 euros. Según la UCO, Aldama "podría haber facilitado la firma de dos contratos entre Soluciones de Gestión y dos sociedades del grupo Globalia (Air Europa y Global Broker Services), lo que habría supuesto al mismo, según la información tributaria analizada, unos ingresos de 3,65 millones".
Respecto al argumento de que existe una comisión de investigación parlamentaria sobre los hechos, en la que se ha llamado a Hidalgo, la fiscalía opina que "tampoco puede servir de amparo a esta pretensión en tanto que la finalidad de esta comisión es la determinación de eventuales responsabilidades políticas y la propuesta de reformas legales dirigidas a evitar la reiteración de situaciones como la investigada, mientras que la finalidad del proceso penal es la búsqueda y determinación de la verdad material dentro de los parámetros establecidos por la legislación procesal". El fiscal se opone igualmente a la citación Leticia Lauffer, la consejera delegada de Wuakalua Hub, la filial de Globalia que firmó un convenio con Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que luego no pudo llevarse a cabo a raíz del estallido de la pandemia en 2020.
Investigación europea
La Fiscalía Europea ha anunciado este jueves, por otro lado, su decisión de asumir la investigación de toda la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en el caso Koldo. "Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", indica el comunicado enviado por la Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés).
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que en caso de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del la investigación, se podrá plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo. Según la información remitida por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado marzo a requerimiento de Bruselas, el fraude afectó a 17,8 millones de euros de fondos europeos, incluidos 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros 3,1 millones del Fondo de Solidaridad.
