Bruselas
La Ley de Restauración de la Naturaleza se ha convertido en una de las normas más controvertidas del entramado comunitario a pocos meses de las elecciones europeas. La legislación nacía con la finalidad de impulsar la restauración de los ecosistemas naturales en la UE y se ha ido diluyendo respecto a la propuesta de la Comisión Europea a medida que avanzaba en su proyecto legislativo. Las protestas agrícolas que en las últimas semanas han recorrido Europa no han hecho más que elevar el rechazo a esta ley. Aun habiendo superado la votación en el pleno del Parlamento Europeo, el texto ha vuelto a encallar este lunes en un proceso que debía ser meramente rutinario, tras el voto en contra de siete países en el Consejo de la UE. La ley corre ahora el riesgo de ser rechazada en el tramo final de su aprobación.
¿Qué plantea la ley de Restauración de la Naturaleza?
La que se erigía como uno de los estándares del Pacto Verde Europeo se ha ido descafeinando a medida que avanzaba en el proceso de tramitación de la UE. La idea de esta ley era dibujar una estrategia comunitaria para cumplir con los acuerdos de biodiversidad de las Naciones Unidas. Es así como planteaba que el 20% de los ecosistemas marinos y terrestres degradados deban ser restaurados para 2030 y la totalidad para 2050.
Se trata de la primera gran legislación sobre biodiversidad de la historia comunitaria. La normativa incluye medidas para atajar la pérdida de insectos polinizadores, obliga a dejar la madera muerta en los bosques, no reducir los espacios urbanos verdes y eliminar las barreras artificiales de los ríos.
El texto, según lo acordado en noviembre entre el Parlamento Europeo y los Estados miembro, fija que se priorice la restauración de los espacios de la red Natural 2000 hasta 2030. Cuando un área se encuentre en buenas condiciones, los países de la UE velarán por que no se deteriore de manera considerable. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos objetivos.
¿Por qué la polémica?
Las protestas del sector agrícola a las puertas de las elecciones europeas se han convertido en un avispero de oportunidades para que los partidos capten el voto del electorado. La derecha y la ultraderecha se han alineado con los intereses del campo y del mundo rural que rechazan que se eleven los requisitos y obligaciones medioambientales que se les imponen desde Bruselas. Más allá del pulso, lo que está en juego es la continuidad de las políticas medioambientales y proclima emprendidas por la Comisión Europea de Ursula von der Leyen y defendida por la izquierda europea.
Los populares europeos defendían que la norma va en contra de todo el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores. Consideran que se está poniendo en marcha más burocracia para los agricultores en un momento en el que la producción de alimentos y los precios de los alimentos están teniendo un impacto en la vida de los europeos.
Rechaza la norma porque creen que está mal redactada y que el proyecto de ley pondría en jaque la producción de los agricultores europeos, interrumpiría las cadenas de suministro, disminuiría la producción de alimentos, elevaría los precios para los consumidores y acabaría con zonas urbanas para generar espacios verdes.
¿En qué punto está el proceso?
Tras el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, a finales del pasado año, el texto solo requería la ratificación por parte de ambas instituciones para ser aprobado definitivamente. Si bien este proceso acostumbra a ser protocolario se ha convertido en un campo de minas.
El respaldo de la Eurocámara se produjo en el pleno de febrero, aunque no sin cierto sufrimiento, con el rechazo de la derecha y la ultraderecha. La norma solo necesitaba el visto bueno de los Veintisiete en el consejo de ministros de Medio Ambiente este lunes, sin embargo, un grupo de países consiguieron sumar una minoría de bloqueo.
¿Qué reclaman?
Hungría se sumó finalmente al grupo de Estados miembro que rechazaban la norma, Suecia, Finlandia, Polonia, Italia y Países Bajos. Se consiguió sumar así una minoría de bloqueo este lunes contra la norma, con la abstención de Bélgica y Austria.
Polonia se opone para calmar al sector agrícola, ya de por sí incendiado por las exportaciones de grano ucraniano, Hungría rechaza, de manera amplia, las políticas verdes de la Comisión Europea, Suecia considera que la UE se extralimita intentando regular una cuestión de competencia nacional y Finlandia está preocupado por que los costes sean demasiado elevados.
¿Cuáles son los próximos pasos?
La discrepancia entre los Estados miembro ha propiciado que no se sume la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante la ley. Cualquier modificación que introduzca el Consejo de la UE en el texto legislativo tendría que volver a pasar por el visto bueno de la Eurocámara, lo que deja un escaso margen para la aprobación del texto antes del último pleno del Parlamento Europeo, a finales de abril y, por tanto, de las elecciones europeas.
