
Las políticas medioambientales emprendidas en el mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea han suscitado múltiples controversias. Tanto es así que han sido uno de los catalizadores de la revuelta de los agricultores que atraviesan en las últimas semanas las calles europeas. La Ley de Restauración de la Naturaleza se ha convertido en un símbolo de tensiones, aunque, finalmente, el pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes la normativa, pese a la negativa de los populares europeos y la ultraderecha.
El acuerdo con los Estados miembros se adoptó con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. La Ley de Restauración de la Naturaleza ha sido una de las medidas propuestas por Bruselas que ha suscitado el rechazo de los agricultores europeos. La legislación supone elevar las obligaciones del sector agrícola en la UE, que rechaza tener que cumplir estándares más elevados que los que se aplican a las importaciones de terceros países.
La norma llegaba a su tramitación final con el voto en Estrasburgo envuelto en polémica. Este proceso, que acostumbra a ser meramente protocolario, ha terminado por poner en jaque la legislación. Queda pendiente la ratificación por parte de los Estados miembro en el Consejo de la UE después de que ambas instituciones, Consejo y Eurocámara, llegaran a un acuerdo el pasado noviembre, el que acostumbra a ser el paso definitivo del proceso. Una vez adoptado por el Consejo de la UE, debe publicarse en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor veinte días después.
Aunque es cierto que la normativa se ha ido viendo descafeinada en su tramitación respecto a la propuesta presentada por Bruselas en junio de 2022. La idea de esta ley era dibujar una estrategia comunitaria en paralelo para cumplir con los acuerdos de biodiversidad de las Naciones Unidas. Es así que planteaba que el 30% de los ecosistemas marinos y terrestres degradados deban ser restaurados para 2030 y la totalidad para 2050.
Los populares europeos ya anunciaban que votarían en contra de la medida, igual que la ultraderecha, aunque finalmente ha salido adelante. El acuerdo debería aglutinar la mayoría necesaria con el apoyo de socialdemócratas, verdes, liberales, izquierda, de los 750 votos en juego.
Se trata de la primera gran legislación sobre biodiversidad de la historia comunitaria. La normativa incluye medidas para atajar la pérdida de insectos polinizadores, obliga a dejar la madera muerta en los bosques, no reducir los espacios urbanos verdes y eliminar las barreras artificiales de los ríos.
El texto, según lo acordado en noviembre entre el Parlamento Europeo y los Estados miembro, fija que se priorice la restauración de los espacios de la red Natural 2000 hasta 2030. Además, para tal fecha deben implementarse medidas para restaurar el 30% de los hábitats a los que afecta la normativa, una ambición que escalará progresivamente al 60% en 2040 y al 90 % en 2050. Cuando un área se encuentre en buenas condiciones, los países de la UE velarán por que no se deteriore de manera considerable. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos objetivos.
El texto rebaja a dos, de entre tres indicadores, que los países de la UE deberán cumplir para mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas: el índice de mariposas de los pastizales; la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas, y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, deben tomarse medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de la biodiversidad.
Dado que la restauración de las turberas drenadas es una de las formas más rentables de reducir las emisiones en el sector agrícola, los países de la UE deben reparar al menos el 30 % de las mismas (como mínimo deberá rehumedecerse una cuarta parte), el 40 % de aquí a 2040 y el 50 % para 2050 (donde habrá que rehumedecer al menos una tercera parte). El proceso de rehumidificación seguirá siendo de carácter voluntario para los agricultores y propietarios particulares.
A petición del Parlamento, la ley incluye un "freno de emergencia" que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE.