
Una veintena de empresas industriales catalanas ya han sido sancionadas por el excesivo gasto de agua antes de que entre en vigor la fase de emergencia por sequía en la comunidad. Son los diferentes municipios catalanes los que impusieron las multas, aplicadas por no reducir el uso de agua, pero las patronales del territorio ya piden a las compañías que recurran los recargos y consideran que el cálculo es erróneo
Tanto Foment del Treball como Pimec animaron a las organizaciones a presentar recursos contra los diferentes gravámenes a las que han sido sometidas. Fuentes cercanas a instituciones lamentan que la Generalitat tomó como referencia las cifras de consumo de la pandemia, con las producciones al mínimo, como datos de referencia para hacer la comparativa.
Por ello, con la recuperación de la actividad, califican de "normal" que los niveles de consumo se incrementen. Recuerdan también que se trata de sanciones del verano, previas al estado de emergencia por sequía que reina en Cataluña desde febrero
Mientras, desde la Generalitat puntualizan que no son ellos los que multan, aunque sí dictan las normas. La función sancionadora recae en los diferentes municipios.
Con los embalses al 16% de su capacidad, la Agencia Catalana del Agua (ACA) informó en septiembre que comenzaría a sancionar a las empresas industriales incumplidoras tras una reunión de la comisión interdepartamental de la sequía. En la fase de emergencia actual, la industria está obligada a recortar un 25% el consumo de las concesiones de agua que les da el Govern.
De este modo, las sanciones llegan a un máximo de 150.000 euros ante los incumplimientos más graves. Las multas no solo son para empresas. Municipios como Begur y Palau-Saverdera también fueron sancionados.