La campaña de primarias del Partido Republicano de EEUU ya ha empezado con los caucus de Iowa, y salvo un giro inesperado en las próximas dos votaciones, en New Hampshire y en Carolina del Sur, todo apunta a que Donald Trump va a arrasar frente a unos rivales que se han centrado en atacarse entre ellos y mostrar su apoyo al propio Trump en vez de confrontar con el candidato al que, supuestamente, querían vencer. Así, la revancha entre el anterior y el actual presidente, Joe Biden, parece estar servida, siempre que lo permita el principal oponente que le queda al republicano: la Justicia.
La campaña electoral de Trump es poco menos que una lucha contra el reloj de los tiempos judiciales. Su objetivo es llegar con el traje de nominado como candidato republicano a los tres casos que decidirán su futuro, para alegar que cualquier sentencia en su contra estaría politizada y, por tanto, sería inválida. Pero el calendario está diseñado de forma que las sentencias podrían llegar antes de esa fecha, y que las posibles apelaciones podrían extenderse durante el verano, cuando se oficializarían las candidaturas, quizá con una gigantesca interrogación en las papeletas republicanas.
El primer juicio clave ya ha comenzado: la semana pasada, Trump alegó ante la Corte de Apelaciones de Washington que los presidentes tenían derecho a la inmunidad absoluta, por lo que, incluso si de verdad hubiera cometido delitos, la Justicia no puede perseguirle por ellos. En un momento, su abogado llegó a asegurar que esa inmunidad absoluta implica que si Biden llegara a ordenar el asesinato de Trump, el actual presidente no podría ser juzgado por ello "si no es destituido antes por el Senado" en un 'impeachment' o juicio político. Los jueces dieron señales de que no están de acuerdo con esa teoría, y probablemente Trump lo agradecerá para no tener que preocuparse por si el actual presidente intentara aprovechar esa inmunidad para dispararle en algún debate, pero Trump apelará una sentencia en contra ante el Tribunal Supremo para intentar retrasar el resto de juicios que se le avecinan.
La segunda gran incógnita es la interpretación que hará el Supremo de la 14ª enmienda a la Constitución de EEUU, que impide ocupar un cargo a la persona que haya "participado o apoyado" una insurrección contra el Gobierno del país tras haber jurado defender la Constitución, lo que hizo Trump en 2017 para acceder a la presidencia. Dos estados, Colorado y Maine, consideran que el Asalto al Capitolio de enero de 2021 fue un intento de golpe de Estado y que Trump, al haberlo apoyado, estaría inhabilitado en base a esa enmienda. El 8 de febrero, el Alto Tribunal escuchará los argumentos a favor y en contra, con la promesa de dar una sentencia lo antes posible.
Los analistas judiciales consideran que en el Supremo se enfrentarán dos cuestiones clave: la claridad de la norma y el deseo de la mayoría del tribunal, nominada por presidentes republicanos (tres de ellos por el propio Trump) de no acabar teniendo que inhabilitar al candidato conservador. Salvo que haya alguna sorpresa y dos de los 6 jueces conservadores indiquen que estén dispuestos a aplicar la enmienda 'sin anestesia', lo más probable es que busquen algún vericueto para no ser ellos los responsables últimos de la decisión, como exigir que haya una condena firme de Trump por insurrección antes de poder ser inhabilitado.
El siguiente juicio clave será el que está programado para el 4 de marzo, el día antes del 'Supermartes' en el que se celebran 15 primarias simultáneas y en el que Trump podría dejar sentenciada su victoria. En ese juicio, en Washington, se juzgarán sus responsabilidades sobre el Asalto al Capitolio, por el que se le acusa de delitos con pena de cárcel de hasta 20 años. Si el juicio comienza en esas fechas podría alargarse hasta el verano, y la sentencia en el mismo, que emitiría un jurado popular, podría decidir si Trump puede presentarse a las elecciones o no, o si tendría que hacer campaña desde una prisión.
Con los ojos en el calendario
Así, la decisión del Supremo sobre la 14ª enmienda puede marcar el futuro de las primarias. Si Trump es inhabilitado en febrero, sus dos rivales en las primarias, Ron de Santis y Nikki Haley, lucharían por ser su sustituto tras la retirada forzosa del expresidente (que, probablemente, no cancelaría su campaña de buen grado e intentaría mantenerse de cualquier forma). Pero si esa hipotética inhabilitación llegara ya en primavera o verano, tras el juicio por el intento de golpe de Estado, serían los delegados republicanos designados por Trump los que tendrían que decidir su sustituto en las papeletas, en un debate que se antojaría algo más que caótico.
La fecha clave es el 18 de julio, cuando se celebra la Convención del Partido Republicano para nominar a su candidato presidencial. Si Trump entra a ese congreso como ganador pero ya inhabilitado, la locura podría adueñarse de los debates del partido para decidir qué hacer. Y si sale de ese encuentro como nominado, reemplazarle sería ya casi imposible, abriendo la puerta al caos legal si su candidatura es impugnada en más estados.
La esperanza del expresidente, por supuesto, es que el Supremo desestime la posibilidad de inhabilitarle como candidato presidencial y que salga absuelto del juicio por participación en el Asalto al Capitolio, o, al menos, que el caso se extienda más allá de las elecciones, cuando ya sea demasiado tarde para afectar a la campaña. Hasta ahora sus imputaciones le han reforzado electoralmente, pero el riesgo es que una sentencia desfavorable acabe con su carrera política. Bailar en el alambre conlleva muchos riesgos.
