Los empleados públicos piden cumplir la ley para reducir la temporalidad en la Administración

Los sindicatos STEPA y CATA se han concentrado hoy nuevamente ante las puertas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, con el fin de exigir la aplicación de la nueva ley de reducción de la temporalidad, así como la convocatoria de una oferta de empleo público de estabilización antes de que finalice 2023 a través de un concurso de méritos con todas las plazas ocupadas por el personal temporal con más de seis años de servicios a 30 de diciembre de 2021.

La concentración ha transcurrido bajo los lemas "Las leyes no se negocian" y "Los compromisos se cumplen" en respuesta a las principales reivindicaciones de este colectivo formado por 17.000 trabajadores públicos en situación de temporalidad, de los que más de 3.000 están en la Administración General. Una cifra esta última que supone alrededor del 29% del total de la plantilla.

Además, la Diputación General de Aragón cuenta con más trabajadores con contrato temporal que fijos, según sus últimos datos oficiales, del mes de junio. De los casi 60.000 empleados, el 51% son laborales temporales o funcionarios interinos. Este índice ha crecido el 11% desde 2015, de acuerdo con los datos sindicales.

Para STEPA y CATA, el concurso de méritos es la mejor solución para dar respuesta a esta situación y cumplir con la ley –reclaman la vía que ofrece el Real Decreto Ley 5/2023-, aparte de permitir compensar a los afectados de una "práctica prohibida por la legislación europea y española", tal y como han realizado ya otras autonomías y otras administraciones en Aragón como las diputaciones provinciales, ayuntamientos o Universidad de Zaragoza.

Con el cumplimiento de estas demandas, desde el sindicato también apuntan que se garantizaría la prestación de servicios a los ciudadanos, además de lograr la obligación legal de reducir la temporalidad en el sector público de Aragón por debajo del 8% frente al 51% actual.

Desde el sindicato recuerdan que el Estado español se comprometió a alcanzar este objetivo antes de fin de 2024 como una de las condiciones para recibir los fondos Next Generation de la Unión Europea. En este sentido, señalan que el incumplimiento podría amenazar la llegada de miles de millones de euros a España y sus comunidades autónomas.

Además, durante la concentración también han recordado el apoyo del PAR, IU, Vox y Podemos a través de enmiendas a los Presupuestos 2024, en las que coinciden en reclamar la identificación de las plazas y una solución para los miles de temporales de la Administración del Gobierno de Aragón. Esto "pone en evidencia el incumplimiento de la Ley de Estabilización por parte del Gobierno anterior y de la necesidad de solucionar un problema que, lejos de reducirse, sigue aumentando", añaden.

No es el único compromiso. Desde el sindicato igualmente han hecho alusión a que el Partido Popular y el PAR, presente en el Gobierno de Aragón con cinco Direcciones Generales, e Izquierda Unida, se comprometieron por escrito, antes de las elecciones, a convocar estos procesos en el menor plazo posible y no ofrecer las plazas identificadas en ningún otro sistema de provisión de puestos.

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