Bruselas
La ley de Amnistía, que el PSOE pactó con Junts como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, protagonizó parte de las conversaciones este jueves en la Comisión Europea. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova. Dos encuentros tras los cuales ha asegurado que Bruselas tiene "cero preocupación" por la norma y ha considerado que "es un asunto interno de España" pero ha mostrado "máxima preocupación" por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Bolaños, uno de los principales negociadores del PSOE con Junts sobre la Amnistía, se ha reunido ese jueves con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, en un encuentro a las 11 de la mañana y otra reunión con el comisario de Justicia pasadas las tres de la tarde, de aproximadamente una hora cada una. Tras estas citas, Reynders ha indicado en una publicación en X (antiguo Twitter): "el diálogo continuará con las autoridades españolas".
Sobre la ley de Amnistía, en trámite en el Congreso de los Diputados, Bolaños explicó que la Comisión Europea tiene "cero preocupación sobre la salud del Estado de Derecho en España" y sobre "la separación de poderes". Ha asegurado que Bruselas conoce "perfectamente la proposición de ley" y "sabe que es conforme con la Constitución y con el Derecho de la UE" y "con los valores de Europa".
Según el ministro de Presidencia, la Amnistía representó una parte "menor" de la reunión y que "por parte de la Comisión Europea no hay ninguna duda de que es un asunto interno de España". Lo que sí han trasladado el comisario de Justicia y la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario a Bolaños es que "están recibiendo por parte de ciudadanos españoles, partidos políticos y asociaciones distintas comunicaciones para que estudien y analicen la ley de Amnistía".
La renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, es de "preocupación máxima para la Comisión Europea", ha detallado Bolaños. No es la primera vez que Bruselas da un toque a España en este sentido, ya han sido varias las veces que ha instado de forma "urgente" y "prioritaria" a renovar el órgano de gobierno de los jueces, tras casi cinco años de bloqueo.
El ministro de presidencia ha explicado que Reynders ha "reiterado la prioridad absoluta" de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial y que después "se inicien las conversaciones para buscar si puede existir algún otro método para el nombramiento de vocales". En este marco, ha cargado contra el Partido Popular y le ha pedido que "reconsidere" su postura.
Preguntando por la anulación del Tribunal Supremo de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, Bolaños ha señalado que "respetamos la sentencia" pero "no la compartimos". Y ha ido un paso más allá: "no se puede abrir la puerta a que una entidad privada cuestione decisiones que son competencia del Gobierno".
En relación al rechazo del Consejo General del Poder Judicial del nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el ministro de presidencia ha concretado que "cumple los requisitos que establece la ley", que son que sea un jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio. "Ese informe de hoy del Consejo General del Poder Judicial ha sido sorprendente", ha asegurado Bolaños que considera que es "contrario" a lo que establece la ley.
Bolaños se ha pronunciado también, de forma escueta, sobre la reunión del PSOE y Junts para iniciar las negociaciones con un verificador, el ministro de Presidencia ha evitado dar detalles sobre el tema. Ha puntualizado que "cuando estamos conversando lo hacemos con discreción". Se hará público, según ha afirmado, "con total transparencia", una vez se zanje el acuerdo.
Intercambio de cartas
Lo cierto es que Bruselas puso el foco en la ley de Amnistía ya durante la negociación de la misma. El comisario de Justicia remitió una carta a principios de noviembre al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en la que le pedía "más información" sobre la ley para los implicados en el procés, especialmente en lo que se refiere a su aplicación "personal, material y temporal".
En el escrito remitido a Bolaños y a la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, el comisario belga puso de relieve la "importancia" de esta normativa "en el debate público" y destacaba el compromiso del Ejecutivo comunitario para "monitorizar y defender los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembro".
La respuesta por parte del Gobierno se amparó en que se trataba de una negociación entre partidos y no de Gobierno. A mediados de este mes, Bruselas confirmó haber recibido la ley de amnistía con una petición por parte de Bolaños en la que solicitaba una reunión con los dos comisarios para explicar la ley. El texto, no obstante, está aún bajo escrutinio de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, proceso previo a que Bruselas emita su valoración ante la misma.
La Ley de Amnistía ha suscitado revuelo y críticas entre jueces, fiscales y abogados de todo el país. Reprochan que supone una amenaza para la independencia de los jueces y, en consecuencia, para la separación de poderes precisamente porque implica una revisión de las decisiones de los tribunales.
La Ley de Amnistía abarcará los actos relacionados con el procés entre 2012 y noviembre de 2023 y contempla dos meses para que los jueces empiecen a aplicarla. Afectará, a 400 independentistas y 73 policías y, una vez aprobada, supondrá la puesta en libertad inmediata de aquellos en prisión por los motivos que recoge la norma.
