Los expropietarios de Idental, Antonio García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, han sido condenados a tres años de cárcel por fraude a la Seguridad Social entre 2015 y 2017 por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Además, ambos acusados tendrá que hacer frente al pago de una multa de 25,6 millones de euros.
La Audiencia ha considerado que los expropietarios actuaron deliveradamente. "Su conducta no consistió en el mero hecho de no pagar, sino que este fin lo consiguieron con una serie de maniobras defraudatorias diseñadas al efecto que dificultaron tanto la labor inspectora como la recaudatoria de la Seguridad Social", aclara el auto. Mientras García Pellicer y Castañer Blasco dirigian la compañía dental, la Seguridad Social dejó de cobrar las cuotas, que en septiembre de 2017 eran de 8,5 millones.
Con el relevo de cargo y el nombramiento de José Luis González Sánchez como administrador la situación no cambio. De hecho, el impago a la Seguridad Social ascendió hasta los 18,3 millones. González Sánchez ha sido condenado "a una pena de dos a seis meses de cárcel y ha una multa de 36,7 millones con cuatro meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad social por el periodo de cinco años".
Otros acusados
"El grupo idental estaba formado entre 2015 y 2018 por varias sociedades de responsabilidad limitada relacionadas entre sí que desarrollaban su actividad vinculada a clínicas y talleres dentales. En una primera etapa, era propiedad de los acusados García Pellicer y Castañer Blasco, a través de entidades mercantiles de cuyas participaciones sociales eran dueños. En una segunda etapa, era propiedad de los acusados Luis Sanz y los hermanos José María y Juan Garrido", alega el auto.
En el caso de los últimos tres propietarios, tendrá que pagar una multa de 40 millones y cumplir una pena de cárcel que se ha rebajado de cinco a tres años y medio al considerar el delito de fraude como simple y no como continuado. Ellos recibieron una refinanciación que no destinaron, deliberadamente, a cubrir las cuotas de la Seguridad Social. De este modo, continaron con el fraude. "No se trata pues solo de no pagar, sino dificultar o impedir la actividad inspectora y recaudatoria de la Administración", dicta la sentencia.