La amnistía de Sumar abarcaría a los dirigentes del procés, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el procés en el otoño de 2019.
Así se recoge en el Dictamen sobre una propuesta de ley de amnistía que la formación ha presentado este martes y que excluye finalmente de entre sus posibles beneficiarios al expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol o a la expresidenta del Parlament Laura Borrás.
El documento, elaborado por cinco juristas, sí perdonaría las "actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminadas a impedir la celebración del proceso participativo y el referéndum".
Eso sí, el dictamen recoge que quedarían "fuera del ámbito de aplicación de la amnistía las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales".
La amnistía comenzaría en 2013 y finalizaría en agosto de 2023
Sumar acota su amnistía a un contexto temporal que comprende desde el 1 de enero de 2013, como el "inicio del proceso reivindicativo del derecho a decidir en Cataluña", y el 17 de agosto de 2023, "como fecha de conclusión de esa situación especial que justifica medidas de política criminal asimismo especiales, pues a partir de ella se constituye el Parlamento que decidirá -en su caso- la aprobación de una medida tan excepcional".
Además del marco temporal, los juristas hacen una acotación de los delitos que deberían entrar en la ley de amnistía, y que se habrían cometido en "todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Cataluña".
En concreto, el documento se refiere a delitos contra la administración pública, contra la administración de Justicia, contra la Constitución o contra el orden público en el Código Penal. Estos últimos incluyen los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos imputados -este último delito solo a 8 de los 12- a los miembros de los CDR procesados por la Audiencia Nacional.
Se trata en concreto de las personas encuadradas en la denominada Operación Judas. Todos ellos, según el juez Manuel García Castellón, formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica, una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.
'Tsunami Democràtic' se beneficiaría de la amnistía
Entre los beneficiados por la amnistía se encontrarían también los imputados en la causa que el mismo magistrado de la Audiencia Nacional instruye sobre Tsunami Democràtic, y en la que se encuentra pendiente de cuantificar el impacto de sus acciones.
De hecho, Sumar recoge en su dictamen el alcance de sus acciones, recordando que la concentración masiva en el Camp Nou de diciembre de 2019 -supuestamente promovida por Tsunami_llevó a la imputación penal de "más de 700 personas". "Los cortes de carretera, por su parte, dieron lugar a más de 250 causas", asegura el partido.
El dictamen también propone incluir en la amnistía los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas, así como la infracción de diversos artículos de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o de la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana.
La actuación policial y la amnistía
Estos últimos delitos incluirían las "actuaciones policiales vinculadas al impedimento de la celebración del referéndum que ocasionaron unas 1.000 víctimas de diversa gravedad entre el 1 y el 4 de octubre de 2017". "Destaca, en ese sentido, lo ocurrido en 27 escuelas, donde la actuación policial dio lugar a 47 procedimientos penales, uno de los cuales por lesiones graves (pérdida de un ojo), mantiene imputados a 5 policías", apuntan los juristas.
Los mismos, sin embargo, establecen "una serie de limitaciones materiales", quedando "fuera del ámbito de aplicación" de la amnistía "las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado susceptibles de ser calificadas como delitos de tortura y otros delitos contra la integridad moral", así como las detenciones ilegales.
Los líderes independentistas afectados
Tal y como estaba previsto en el marco de las negociaciones de las últimas semanas para una investidura y una eventual formación de Gobierno, la amnistía propuesta por Sumar también beneficiaría a los líderes del procés, tanto a los que ya están condenados como los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia.
El texto no hace mención expresa a sus nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.
También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart --condenados por desórdenes públicos tras la reforma--, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquín Forn --condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal--, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.
Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación.
