Extremadura tendrá que demoler los edificios que estén en construcción en el resort de lujo de Valdecañas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado un auto en el que acuerda que se continúe la ejecución de los pronunciamientos que no han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, es decir, realizar la demolición de todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento. En su auto, la Sala recuerda que la ejecución estaba suspendida por los recursos de casación que luego fueron inadmitidos por el Tribunal Supremo.

El abogado portavoz de los propietarios, Luis Díaz Ambrona, ha destacado para El Economista que este auto "no constituye ninguna novedad" porque se acabada de dictar en la línea que está llevando toda la tramitación con todos los Tribunales. 

Destaca que en este litigio están interviniendo tres tribunales, el Superior de Justicia de Extremadura, el Supremo y el Constitucional, que aún no ha pronunciado definitivamente, y este que se ha dado a conocer hoy, el último auto del TSJEx es el competente en primera instancia para conocer y ejecutar las sentencias que se dicten por parte del resto de Tribunales. 

Cabe destacar que la primera sentencia que dictó el TSJEx fue en este sentido, mantener lo construido y derruir lo que estaba en fase de ejecución, posteriormente en otra sentencia se dictaba la demolición de todo lo construido, una sentencia que llegó al Supremo y que en el 2022, el Alto Tribunal, estimó el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, cabe incidir, como bien dice Luis Díaz Ambrona, que la asociación ecologista extremeña Adenex no recurrió porque entendían que la demolición era más perjudicial para el medio ambiente. 

Contra esta sentencia del Supremo, la Junta de Extremadura, los propietarios y los Ayuntamos del El Gordo y Berrocalejo recurrieron al Constitucional quien decidió en el mes de junio suspender de forma cautelar el derribo de la 'Isla de Valdecañas', el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

Según Díaz Ambrona, ahora la Junta de Extremadura tiene que presentar un plan de demolición en 6 meses y un plan de revegetación, además de las indemnizaciones que tendrá que pagar al promotor, que serán "de muchos millones de euros".

Para los propietarios y para mucha gente de la zona, derruir tiene más impacto en el medioambiente que terminar de construir, pero como dice su abogado "ellos no dictan las sentencias", es más, según Díaz Ambrona, ya se ha reconocido que lo construido ha beneficiado al medioambiente y al entorno comarcal de la zona de Valdecañas. 

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional, en un auto de fecha 20 de junio, acordó suspender la ejecución exclusivamente respecto de los elementos que el TSJ de Extremadura había acordado inicialmente que no se demolieran en el auto de imposibilidad material parcial de fecha 30 de junio de 2020.

Por todo ello, señala la Sala, "no estando suspendida el resto de la ejecución, procede continuar la misma", señala el TSJEx en nota de prensa.

En la parte dispositiva el auto detalla que la Junta de Extremadura debe proceder a la demolición del segundo hotel planificado y el resto de viviendas que se iban a construir, así como las viviendas terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto, salvo, en el caso de estas últimas, que por razones de colindancia pudieran afectar a la seguridad de otras viviendas.

Asimismo, se acuerda la revegetación de las plataformas existentes que no han sido urbanizadas, eliminando dichas plataformas y los residuos que aparecen en ellas.

Esta sentencia es básicamente lo que ya dijo el Tribunal Superior de Justicia en 2020, ahora con la nueva Ley que regula el uso de las 55 zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS) se puede abrir un nuevo horizonte con la disposición adicional que contempla sobre este asunto y que confirmó coincidentemente el Tribunal Constitucional. 

El Gobierno anterior de la Junta de Extremadura ya tenía prevista esta contingencia y ya la comunicó a la Sala el órgano habilitado para ejecutarla. Unas medidas que se trasladaron al actual Ejecutivo en el traspaso de poderes.

La Junta de Extremadura anuncia que recurrirá el auto que ordena la demolición parcial de Valdecañas

La Junta de Extremadura recurrirá el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el que acuerda que se ejecute la demolición parcial de 'Isla de Valdecañas'.

El gobierno de la Junta de Extremadura respeta las decisiones judiciales, pero va a explorar todas las posibilidades con el objetivo de frenar la demolición de parte del complejo.

La ejecución de la demolición tendría consecuencias nefastas para la región, ya que se proyectaría un mensaje negativo que ahuyentaría a posibles inversores que estén pensando en instalarse en nuestra Comunidad Autónoma.

En Extremadura no sobra ni un empleo, ni una inversión, ni una oportunidad. Y aunque se trate de una demolición parcial, el resultado posterior de ésta no ayudaría ni al desarrollo de la zona, ni a la creación de nuevos puestos de trabajo a corto plazo, ni a la proyección económica general de la región en el futuro.

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