Hace apenas doce años, la tasa de abandono escolar temprano que registraba España superaba el 28%. Una cifra más que llamativa para un país desarrollado. El año pasado, este porcentaje fue del 13,9%, 14 puntos porcentuales menos.
Pese a este notable descenso, nuestro país sigue saliendo mal parado si se amplía la fotografía. La Comisión Europea se ha marcado como objetivo una tasa inferior al 9% de todos los estados miembros de cara a 2030 y, de hecho, en la Unión Europea la media se sitúa en el 9,3%. Esta diferencia no sólo indica que el abandono escolar en España es 4,6 puntos superior a la media de la UE, sino que lo sitúa como uno de los países con uno de los indicadores más altos, tanto dentro del grupo de los 27, como de la OCDE (se trata de jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la educación secundaria posobligatoria y no siguen ningún tipo de estudio o formación).
En su informe publicado este año, Propuestas para un plan de acción para reducir el abandono escolar temprano en España, la OCDE señala que "el elevado número de alumnos que abandonan sus estudios y las considerables diferencias regionales y locales siguen representando un importante desafío para muchos de los jóvenes de España, su sistema educativo y la sociedad en su conjunto".
A este respecto, las diferencias entre comunidades autónomas son más que notables. Mientras que regiones como Cantabria, País Vasco y Navarra cuentan con tasas inferiores al 9%, otras como Cataluña, Murcia o Islas Baleares superan el 16% (ver gráfico).
Ante esta situación, en 2020 el Ministerio de Educación (MEFP) pidió asesoramiento sobre cómo reducir estos niveles a la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea (DG REFORM). Dicha solicitud sentó las bases para el proyecto Apoyo para afrontar el abandono escolar temprano en España, que se inició en 2021, implementado por la OCDE en colaboración con la DG REFORM y el MEFP. De dicha colaboración ha surgido el documento Propuestas para un plan de acción para reducir el abandono escolar temprano en España.
¿Qué motiva el abandono?
Entre los factores que influyen en el abandono escolar temprano (AET), el estudio destaca la situación socioeconómica y el entorno familiar de los alumnos, incluido el nivel educativo de los progenitores, el origen inmigrante, el grupo étnico y el conocimiento del idioma de enseñanza. De hecho, en España el AET es mucho más elevado entre los jóvenes que viven en hogares correspondientes a los dos quintiles de ingresos más bajos.
En este sentido, el informe señala que en España la segregación escolar por nivel socioeconómico perjudica igualmente el rendimiento de los alumnos nacidos en el país como el de los alumnos nacidos en el extranjero. Así, los alumnos socioeconómicamente desfavorecidos y de origen inmigrante suelen agruparse en los mismos centros, agravando las desigualdades de estos alumnos y, por consiguiente, de los centros.
Por otro lado, la repetición de curso y el absentismo suelen considerarse factores que predicen el AET y nuestro país tiene uno de los porcentajes más elevados de alumnos repetidores de la OCDE, especialmente en la educación secundaria obligatoria (en la primera etapa de la ESO es del 9% y en la segunda etapa del 8%).
Otros de los elementos que favorecen el abandono escolar son la falta de itinerarios flexibles y la relativa debilidad del sistema de FP para responder debidamente a las necesidades del mercado laboral; la creciente importancia de determinados sectores económicos, como la construcción y el turismo, especialmente en las regiones mediterráneas; o el entorno escolar y la relación que mantienen los alumnos con sus profesores.
En este contexto, la OCDE subraya que el Gobierno y las comunidades autónomas han diseñado y ejecutado en las últimas décadas numerosas normas, políticas y programas para prevenir y afrontar el AET, destacando especialmente la LOMLOE y la Ley Orgánica de Formación Profesional.
España tiene uno de los porcentajes de alumnos repetidores más altos de la OCDE
Cabe recordar que el sistema educativo español es un sistema descentralizado, por lo que el Estado fija un marco base y las autoridades educativas regionales elaboran sus normativas y tienen competencias ejecutivas y administrativas para gestionar. En este sentido, la mayoría de las decisiones en materia de escolarización y financiación, como el gasto educativo, el número de alumnos por clase o las infraestructuras escolares, se adoptan en el plano regional.
Si bien como reconoce la OCDE "el sistema descentralizado español garantiza que estos programas se elaboren y ejecuten desde una perspectiva más cercana al día a día de los centros, adaptándose así a realidades concretas, siendo uno de los puntos fuertes del sistema, en ocasiones se produce una falta de consonancia entre las prioridades nacionales y regionales". Por consiguiente, continúa el estudio, "muchos de los programas regionales van dirigidos a los centros educativos y a su alumnado, pero muy pocos se centran también en otras instancias, como las familias, los servicios sociales y los empleadores".
Además, la continuidad de estos programas "se ha visto a menudo limitada por la falta de financiación sostenida o por los cambios en las prioridades políticas de los gobiernos regionales". Por último, los programas a nivel nacional y regional "rara vez han sido monitorizados y evaluados, lo que ha impedido que España pueda detectar aquello que da resultado y aquello que no".
Cómo atajar el problema
Para tratar de reducir los niveles del AET, la OCDE propone en su informe cinco acciones, subdivididas en 44 medidas. En primer lugar, se advierte de que en España no existe ni una definición ni una medición comunes a nivel de todo el país que permita saber qué convierte a un centro educativo en vulnerable. De este modo, las diferentes interpretaciones entre las comunidades autónomas ponen en peligro la asignación equitativa de los recursos a los centros.
Por ello, el organismo recomienda el desarrollo de un "índice de vulnerabilidad escolar" que conste de indicadores comunes a todas las comunidades autónomas, y en el que se incluya un componente opcional discrecional, que podría dar a las comunidades autónomas la opción de incluir indicadores adicionales.
Por otro lado, es muy importante la formación del profesorado para gestionar la diversidad en las aulas. Los docentes españoles tienen que enfrentarse a la inestabilidad laboral con contratos temporales que, en 2020, afectaron aproximadamente al 33% de los profesores de secundaria. Esta situación impide que los centros puedan formar equipos estables, aspecto fundamental para detectar y prevenir el AET.
Por tanto, España debería promover un desarrollo profesional continuo de alta calidad. Además, tendría que revisar la formación inicial del profesorado para prepararlo mejor a la hora de gestionar la diversidad en el aula. También es fundamental seguir invirtiendo en el desarrollo profesional de los educadores ya en activo y contar con el número adecuado de profesionales especializados (como tutores, orientadores, trabajadores sociales o psicólogos escolares).
La inestabilidad del empleo impide que los centros puedan formar equipos estables
En lo que respecta a los centros, la OCDE destaca diferentes intervenciones como adaptar los recursos existentes en los centros para atender las necesidades individuales de aprendizaje; reducir las tasas de repetición de curso; limitar la segregación escolar; realizar intervenciones tempranas; reforzar la orientación escolar y profesional; ampliar el acceso a una educación infantil de calidad y fortalecer la colaboración entre los centros, los progenitores y las comunidades locales.
Por ejemplo, muchos centros funcionan con un horario intensivo centrado en las mañanas, lo que obliga a los padres a pagar por las clases extraescolares. En el caso de los hogares vulnerables, más de la mitad de esas clases son de apoyo a materias curriculares. "Se ha demostrado que pasar más tiempo en el centro educativo permite elevar las tasas de graduación y mejorar el nivel de aprendizaje y otros indicadores sociales y conductuales", apunta el informe.
Asimismo, la OCDE recomienda mejorar la flexibilidad curricular y la adaptabilidad de sus itinerarios educativos y la colaboración y el intercambio de conocimientos a escala nacional entre el Estado y las comunidades autónomas sobre "aquello que da resultado" con el objetivo de disminuir el abandono en las aulas.
