Valladolid
UGT y CCOO han registrado el pasado martes un escrito dirigido a la Fiscalía Provincial de Valladolid para solicitar que se investigue la convocatoria "excepcional" realizada por la Dirección General de Trabajo, que consideran ilegal.
Ambas organizaciones entienden que dicha subvención es ilegal y podría ser constitutiva de delito penal, de "ilícito penal", ya que, a incumple la Ley de Subvenciones estatal y la Ley de Subvenciones regional,así como la Ley autonómica 8/2008 de Diálogo Social y Participación Institucional.
Para CCOO y UGT, "lo que se está produciendo es un ataque a las organizaciones sindicales más representativas por parte de la extrema derecha en el gobierno y los más perjudicados son los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León".
La Consejería de Empleo convocó esta subvención en la que reducía a la mitad los fondos que patronal y sindicatos recibían por su representatividad institucional.
Según los sindicatos, "el gobierno se está posicionando en contra de los principios legales democráticos", tal y como esperan que demuestren los tribunales. Las dos organizaciones han explicado, una vez más, que son quienes democráticamente obtienen la mayor representación en las elecciones sindicales que se realizan en las empresas y en las administraciones públicas y es, de hecho, lo que les legitima como "más representativas", por la elección en las urnas de las personas trabajadoras para defender sus intereses en sus entornos laborales.
En este sentido, UGT y CCOO ya se han visto obligados anteriormente a denunciar ante los tribunales las malas prácticas el actual ejecutivo autonómico en otras materias de su competencia: inmigración, prevención de riesgos, orientación, etc., y en esta ocasión, actuamos después del proceder de la Consejería de manera "sumamente arbitraria y antidemocrática". Es más, ambos sindicatos entienden que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, no les ha dejado "otra salida que la judicialización del conflicto
