La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha anunciado que el Govern pedirá "como mínimo 1 millón de euros" de indemnización a la empresa Cegos por incidencias que considera graves y muy graves al organizar las oposiciones del sábado pasado, dirigidas a reducir la temporalidad en la administración catalana.
"Entendemos que se intenta defender de los ataques, pero lo que pasó es injustificable", ha dicho este viernes sobre la empresa durante una comparecencia a petición propia en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament.
Y es que Cegos emitió este jueves un comunicado en el que aducía "incumplimientos" de la Administración pública sobre los que le había advertido y que no fueron subsanados.
Corresponsabilidad de tareas
El contrato encomendaba a Cegos cuatro tareas: imprimir exámenes y hojas de respuesta, distribuir materiales para la realización de los exámenes en las aulas, vigilar las aulas durante el examen y corregirlos en el plazo establecido.
Cegos alega que eso "sólo supone una parte del proceso" porque la Generalitat tenía tres tareas: disponer de los espacios adecuados, asignar y distribuir los candidatos en las aulas, y elaborar el material del examen (cuadernillos de preguntas y la hoja de respuestas, que después debía imprimir Cegos).
La empresa ve en estas tres tareas "posible incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la Generalitat, que pudo dificultar el correcto desarrollo del proceso selectivo".
Sobre disponer de espacios adecuados, Cegos argumenta que la Generalitat les dijo que los aspirantes debían ocupar como máximo el 50% de capacidad del aula, pero no se podía cumplir "en 151 de las 213 aulas proporcionadas".
Así, en 103 (48% del total) había convocados, en distintos grados, más del 50% de la capacidad máxima del aula; en 48 (22%) el número de convocados era el mismo que la capacidad máxima; y en 62 (30%) había capacidad óptima.
Según Cegos, también había carencias en las aulas de incidencias (centro de operaciones donde se coordinan grupos de aulas) desde las que se debía coordinar la logística, atender a todo el equipo y resolver incidencias normales de un proceso así.
Asimismo, detalla que en este proceso había 73 convocatorias simultáneas de examen, con 656 modelos de examen distintos, pero que una semana antes de las pruebas faltaban por entregar 184 tipos de exámenes (17% del total de ejemplares a imprimir); el día anterior a las pruebas faltaban por entregar 16 tipos de exámenes; hasta el jueves 27 (a dos días del examen) Cegos no recibió la lista definitiva de convocados con su asignación por aulas; y el día anterior a la prueba recibió una lista de cambios sobrevenidos que afectaba a casi 100 personas.
Reacción del 'Govern'
Sobre la acusación de Cegos de incumplimientos por parte del Govern, la consejera ha asegurado este viernes que esta empresa está "en el ojo del huracán. Se juega no trabajar nunca más con la administración y por eso se defiende con uñas y dientes", y ha destacado que la Generalitat cuenta con un informe jurídico que contempla la posibilidad de rescindir el contrato por incumplimiento de la empresa, informa Europa Press.
Dicho contrato fue adjudicado a Cegos el pasado mes de noviembre por 1,2 millones de euros, según los datos del portal de contratación pública de la Generalitat consultados por elEconomista.es.
Vilagrà ha concretado que se adjudicó a Cegos porque tenía experiencia de cinco años de especialización en organización de este tipo de procesos, y había trabajado para otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, el Metro de Valencia y diferentes hospitales, como los de Fuenlabrada y Alcorcón (Madrid).
"Había trabajado mucho para la administración y para administraciones catalanas", ha destacado Vilagrà, que ha detallado que la empresa debía encargarse de distribuir los cuadernillos y hojas de respuestas y los sobres, entregar las cajas de material, recoger las hojas de respuesta, la lectura óptica de las hojas de resultados y la vigilancia de los aspirantes.
Ha subrayado que el 27 de marzo la empresa ya sabía la distribución de las aulas y "estaban bien dimensionadas", y ha añadido que había aulas en las que los aspirantes estaban juntos, pero se había establecido que en esos casos hubiera un examen A y un examen B para evitar que alguien copiase y en algunas aulas solo se distribuyó un examen, ha afeado.
También ha argumentado que en marzo y abril se entregaron los exámenes en tiempo y forma a la empresa y se realizaron reuniones semanales con ellos, y ha asegurado que hubo fallos en la vigilancia y no en el proceso previo de organización: "Quiero dejarlo claro. La empresa se defiende porque las consecuencias son muy graves".
En cualquier caso, Vilagrà ha asegurado que no se trata de una externalización de las oposiciones sino que se contrató a la empresa para labores logísticas y mecánicas, y ha justificado esta contratación por el número de procesos y de aspirantes y porque una parte del personal que normalmente asume la vigilancia de estos exámenes "eran aspirantes de estos procesos y miembros de los tribunales".
En paralelo a la reclamación de indemnización a Cegos, la Generalitat iniciará un expediente para incluir por su parte compensaciones por daños y perjuicios a los 13.500 aspirantes, que deberán volver a examinarse en julio (la supervisión de los nuevos exámenes correrá a cargo de personal de la Generalitat).
"Es evidente que esta medida no compensa el sufrimiento producido, pero nos parece justa y necesaria", ha dicho la consejera, que ha remarcado que "las trabajadoras y trabajadores son el activo más relevante que tenemos en la Administración y que han sufrido una situación intolerable".
La Generalitat ha recogido, a través del formulario habilitado desde el 2 de mayo, 12.600 incidencias enviadas por 3.800 personas afectadas, relacionadas sobre todo con la falta de vigilancia y la no disposición de exámenes.
