
El 10 de febrero terminó el plazo de presentación de solicitudes para la primera convocatoria de ayudas del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), al que se presentaron un total de 158 proyectos provenientes de diferentes municipios y agrupaciones de municipios de todo el país que den servicio a más de 20.000 habitantes, uno de los principales requisitos para su solicitud.
Concretamente, 3.800 han sido las administraciones locales y entidades competentes -públicas, privadas o de gestión mixta- que se han postulado y que dan servicio de abastecimiento a una población que se aproxima a los 37 millones de habitantes, de los que 123 se han presentado de forma individual, y 35 en agrupación de solicitantes. De entre estos últimos, el número de municipios atendido en cada proyecto es muy variable. Algunas de las iniciativas abarcan a asociaciones de incluso más de 50 localidades.
La sostenibilidad del agua
El objetivo fundamental de todas las propuestas, ya en trámite de estudio y valoración para su aprobación, es el de mejorar la eficiencia del ciclo integral urbano del agua desde la captación, almacenamiento y distribución, hasta el saneamiento y depuración, contribuyendo de esta manera a realizar un uso más eficiente y sostenible de este recurso.
En la práctica, las inminentes ayudas se destinarán a la implantación, entre otros, de sistemas de medición como contadores inteligentes, sistemas de comunicación y plataformas de big data para analizar toda la información recogida.
Esto permitirá a los ciudadanos y las administraciones tener un mayor control sobre el agua urbana, además de facilitar la detección de pérdidas o fugas en las redes de captación y distribución, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos que marca la agenda internacional.
También tendrán un peso importante los avances en sensorización, monitorización y telemando de las infraestructuras de saneamiento, que mejorarán la depuración de las aguas y permitirán una mayor reutilización del recurso, cerrando el círculo.
En las solicitudes presentadas se proponen toda una batería de actuaciones y medidas que comprenden el diagnóstico, análisis y planificación, así como medidas concretas de mejora de la eficiencia, donde una parte esencial de todas ellas es la digitalización y actualización de los sistemas de información y herramientas de gestión de todo el ciclo integral urbano del agua.
Será a mediados de este mismo año cuando se proceda a la resolución de la concesión de estas esperadas ayudas. Oscilarán entre los 3 y 10 millones por proyecto, que en total supondrán una inyección económica del Estado de, aproximadamente, 1.022 millones de euros.
Los PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, además de convocar esta financiación para el impulso del uso de las nuevas tecnologías de la información en el flujo integral del agua que permitirán optimizar su gestión, aumentar su eficiencia y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales, abordarán este desafío desde múltiples y diferentes líneas de actuación.
La digitalización en el regadío será una de ellas, con la que se pretende aumentar la cantidad de contadores en tomas de agua y en parcelas, mejorar los sistemas de control de la humedad y conductividad del suelo o automatizar los sistemas de riego. Para esta línea de actuación se destinarán 200 millones de euros.
En el usuario final también se pondrá el foco, ya que este PERTE prevé importantes programas de ayudas orientadas a la digitalización de la gestión del abastecimiento en viviendas particulares.
Por otro lado, está prevista también una inversión de 225 millones de euros para modernizar e impulsar la digitalización en los organismos de cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica. Más allá de facilitar la digitalización de los trámites administrativos, el proyecto servirá para reforzar los programas de seguimiento y control de los vertidos mediante sistemas de monitorización en tiempo real.
Y, desde luego, el planteamiento de importantes planes de formación que tienen como objetivo impulsar el desarrollo de capacidades y competencias de todos los sectores y partes interesadas en la gestión del agua en España que aseguran la adecuada implantación, uso y mantenimiento de todas estas nuevas tecnologías, además de otras muchas acciones prevista relacionadas directa e indirectamente con la eficiencia del ciclo del agua no menos relevantes.
Conforme al marco normativo previsto para blindar de legalidad a esta profunda transformación se contempla, entre otras medidas, la modificación de la actual Ley de Aguas española que incluya todos estos avances y una actualización del Reglamento de Dominio Público Hidráulico que ponga en primer plano la teledetección en el control de los usos del agua y marque las condiciones tecnológicas para los nuevos aprovechamientos. Por otro lado, se creará el Observatorio de la Gestión del Agua en España, nuevo organismo de gobernanza que permitirá mantener toda la infraestructura digital que se vaya a implementar en los próximos años.
Pero además de ir hacia un modelo de gestión del agua más sostenible y eficiente, gracias a este PERTE se prevé que se movilicen en los próximos años 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, así como la creación de cerca de 3.500 empleos de calidad relacionados directa e indirectamente con la actividad, desde profesionales de la ingeniería, tratamiento de datos, ciencia y telecomunicaciones, hasta nuevos perfiles que puedan surgir y que se demanden en el sector.
La financiación del plan correrá a cargo de los Fondos Next Generation EU, que fueron aprobados en 2020 a razón de la profunda crisis económica social originada por la pandemia de la covid-19, un importante paquete de ayudas económicas asignado a todos los países miembros de la Unión Europea.
Un saneamiento desfasado
Hasta que las actuaciones previstas por el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua se comiencen a ejecutar, tanto las antiguas como las nuevas infraestructuras para la gestión del abastecimiento en España destacan por su elevado déficit de inversión. Sobre todo en lo relativo al saneamiento y, más concretamente, a la falta de instalaciones preparadas para la óptima depuración de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca que todavía a día de hoy nuestro país continúe incumpliendo la Directiva 271/91 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas de la Unión Europea.
Y es que, desde la crisis económica de 2008 hasta la actualidad, se ha estado invirtiendo alrededor de un 70% menos de lo necesario en la renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua. Pero parece que ya, por fin, con estos planes de transformación a nivel nacional, la situación se va a revertir en los próximos años.