Antes de abril. Ese es el plazo que se ha marcado el Gobierno como objetivo para aprobar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que tiene como misión digitalizar el sector del agua en España.
Una industria con un déficit importante de inversión en nuestro país, que ha sido el que menos ha invertido por habitante en protección del medio ambiente, entre las mayorías economías europeas, entre 2011 y 2019: tan solo 24 euros por habitante en 2019, frente al promedio de 40 euros, según datos de Eurostat. Esto ha provocado que más de la mitad del territorio esté en riesgo de desertización, con un 72% de su superficie bajo estrés hídrico severo.
A este respecto, desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) recuerdan que la inversión media anual entre 2016 y 2019 fue de 1.103 millones de euros, por lo que cabe esperar que el país terminará el tercer ciclo hidrológico en 2045, 18 años más tarde de lo previsto (2027) y sobrepasando en 15 años el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030.
En este contexto, el PERTE del agua contará con una inversión de 3.000 millones de euros entre 2022 y 2026. Con estos recursos se busca transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua, tanto para el ciclo urbano del agua, como para el riego y los usos industriales.
Por tanto, el Gobierno espera que este plan mejore la eficiencia en el uso del recurso, se reduzcan las pérdidas en las redes de suministro de agua y se ahorre en el consumo de agua y de energía, al tiempo que se mejora la seguridad del suministro de agua y se contribuye a la seguridad de las infraestructuras hidráulicas, especialmente de las presas y embalses.
Como ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este proyecto permitirá tener "un conocimiento exhaustivo e inmediato" de los usos del agua, algo vital para detectar, por ejemplo, una fuga o un problema de contaminación.
Para lograr los objetivos, el PERTE contempla el desarrollo de un plan integral de formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la creación de un banco de datos compartido, la incorporación de técnicas de big data para la gestión de datos hídricos y sistemas de análisis avanzados para planificar y tomar decisiones de gestión.
Asimismo, se establece como prioritaria la apuesta por el uso de recursos como imágenes captadas desde drones o satélites, los planes de cirberseguridad y el desarrollo de trabajos ya proyectados anteriormente, como la promoción de contadores inteligentes.
De cara a 2022, se han previsto 400 millones de euros para financiar el proyecto que se ejecutará a través de la convocatoria de subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y través de la gestión de inversiones por parte de los gobiernos regionales. El plan incluirá la movilización de fondos retornables de los fondos europeos para promover la colaboración público-privada.
Las infraestructuras, claves
Para cumplir con los objetivos medioambientales, el estado de las infraestructuras es vital. A este respecto, la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) llevan tiempo reclamando la urgencia de acometer mayores inversiones.
A este respecto, según el Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2020, actualmente en España la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario. En ese sentido, el agua urbana necesita una inversión anual de 2.500 millones de euros adicionales, hasta alcanzar los 4.900 millones anuales, para garantizar la calidad, la sostenibilidad de los servicios y afrontar los retos futuros.
España cuenta con 23.789 kilómetros de red de aducción (tuberías destinadas a conducir el agua desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento); 248.245 kilómetros de red de abastecimiento; 189.203 kilómetros de red de saneamiento; 1.640 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP); 29.305 depósitos; 456 tanques de tormenta, y 2.232 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
En España la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario
"En nuevas infraestructuras el déficit de inversión se hace más evidente en el saneamiento, más concretamente en la falta de instalaciones para la depuración de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca que España continúe incumpliendo la Directiva 271/91 sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas", recoge el estudio.
Ya en el informe de 2019 se alertaba de que "se está invirtiendo alrededor de un 70% menos de lo necesario en la renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua, lo que conlleva un progresivo y preocupante envejecimiento de las infraestructuras, junto a una fuerte obsolescencia técnica".
En este sentido, como recoge el estudio Hacia una financiación más eficiente de las infraestructuras del ciclo de agua urbana en España, de PwC, tras la anterior crisis económica las inversiones se han reducido drásticamente hasta niveles similares a los de aquellos países menos desarrollados y con claras deficiencias en su sistema.
